Duminda Silva había sido condenado a muerte por matar a un diputado. Fue liberado por un indulto presidencial y provocó la indignación pública local e internacional. También recuperaron la libertad 16 ex combatientes del Tigre tamil. Preocupación por la erosión del Estado de derecho.
Colombo (AsiaNews) - La liberación de un ex diputado condenado a muerte ha provocado la indignación popular en Sri Lanka. Duminda Silva recuperó la libertad el 24 de junio junto con otros 93 presos porque el presidente Gotabaya Rajapaksa decidió concederles un indulto especial. Entre los prisioneros liberados hay 16 ex militantes de los Tigres tamiles, encarcelados sin juicio en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, que debían cumplir un año más de prisión.
La opinión pública y parte de la opinión internacional acusó a Rajapaksa de traicionar la democracia y la independencia del poder judicial. Aliado del actual gobierno, Silva fue condenado en 2016 por asesinar al diputado Bharatha Lakshman Premachandra.
El reverendo Marimuttu Sathivel, sacerdote anglicano y coordinador del Movimiento Nacional para la liberación de presos políticos, en declaraciones a AsiaNews afirmó que no se puede aplicar un doble rasero para la liberación de presos políticos: "Si Silva, que había sido condenado, fue puesto en libertad de esta manera arbitraria, entonces ¿por qué no pueden recuperar la libertad todos aquellos que han sido encarcelados injustamente sin juicio?”. Con ello, sigue diciendo el Rev. Sathivel, “el presidente demuestra que puede decidir de forma independiente el arresto o la liberación de cualquier persona en cualquier momento. Es algo muy peligroso para cualquiera que esté en la oposición”.
El diputado y ex ministro de Justicia Thalatha Athukorala afirma que no es la primera vez que el gobierno demuestra que "recompensa a los asesinos y castiga a aquellos que los investigan". A raíz de estos hechos, los reclusos de las cárceles de Mahara y Welikada llevan a cabo una huelga de hambre desde el 24 de junio para exigir que sus condenas a muerte sean conmutadas por penas de 20 años.
El Colegio de Abogados de Sri Lanka también condenó la decisión y la calificó como una medida irrazonable que socava el Estado de derecho y favorece la pérdida de confianza de la población en la justicia. En un comunicado, la Asociación insistió en que el presidente Rajapaksa haga públicas las razones por las que el caso de Silva es diferente a los demás. Por ejemplo, el abogado de derechos humanos Hejaaz Hizbullah y el poeta y profesor Ahnaf Jazeem siguen detenidos, sin juicio, por terrorismo, y en la misma condición se encuentran varios miembros de las minorías y de la oposición política.