El gobierno tailandés quiere aprobar una ley sobre organizaciones sin fines de lucro antes de fin de año. Para "evitar infiltraciones terroristas", las autoridades quieren someter todo financiamiento externo al control Ministerio del Interior. Sociedad civil: un paso más para reprimir las críticas y la libertad de asociación.
Bangkok (AsiaNews) - El primer ministro Prayut Chan-ocha quiere aumentar el control sobre las ONG. En los últimos días el gobierno del ex general entregó al Consejo de Estado algunas directrices para el proyecto de ley de organizaciones sin fines de lucro que suponen nuevas medidas restrictivas.
El Ejecutivo pide sobre todo que la ley incluya un control preventivo sobre el financiamiento, para evitar "que se utilicen las ONG para lavar dinero o para apoyar económicamente iniciativas terroristas". Los críticos consideran que la iniciativa está dictada por el propósito de restringir aún más el derecho de asociación en el país e imponer normas cada vez más asfixiantes a los componentes de la sociedad civil.
Fuentes cercanas al gobierno confirmaron su determinación de que esta ley se apruebe antes de fin de año. Hace tiempo que se debatía en Tailandia la necesidad de una normativa para definir con mayor claridad el papel, las funciones y las prerrogativas de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país. Pero el pasado 23 de febrero ya provocó sorpresa el anuncio de que las autoridades querían revisar el proyecto que se estaba discutiendo, y señalar "preocupaciones" sobre varios aspectos del documento, entre ellos los riesgos para la seguridad nacional.
Por esa razón ahora incorporan algunos cambios que se consideran necesarios, como el registro obligatorio de todas las asociaciones sin fines de lucro, la obligación de que el Ministerio del Interior verifique por adelantado toda la financiación extranjera y nuevos procedimientos - muy poco definidos - para la revocación del registro. Para las infracciones, se han previsto penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 100.000 baht (unos 3.000 dólares).
Muchas organizaciones internacionales y donantes han manifestado su preocupación y oposición a estas medidas. Los servicios diplomáticos de muchos países, así como varias agencias de la ONU, habían pedido al gobierno que enviara el texto al Consejo de Estado para un ulterior estudio y revisión. Se teme que la ley, una vez aprobada, pueda utilizarse para exacerbar la presión del gobierno, heredero directo de la junta militar que tomó el poder en 2014 con un enésimo golpe de Estado.