Según un informe publicado por la ONG Transitional Justice Working Group, desde 2011 se han producido al menos 27 ejecuciones públicas en Corea del Norte. La encuesta se basa en entrevistas con 683 refugiados norcoreanos. Los expertos afirman que los números han descendido porque Kim Jong-un quiere evitar las críticas en materia de derechos humanos, pero la cifra real podría ser mayor.
Seúl (AsiaNews/Agencias) - En los últimos 10 años, Corea del Norte ha llevado a cabo al menos 27 ejecuciones públicas. El dato se desprende de un informe publicado ayer por la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG), que traza un mapa de los asesinatos ocurridos bajo el régimen de Kim Jong-un. La organización humanitaria entrevistó a 683 refugiados norcoreanos que llegaron al Sur entre 1990 y 2019. Según sus testimonios, desde 2011 hasta 2018, siete personas fueron ejecutadas por ver o distribuir videos surcoreanos, cinco por delitos de drogas, otras cinco por prostitución, cuatro por tráfico de personas, tres por homicidio o intento de homicidio y tres por actos obscenos.
Según el informe, un pelotón ejecutó la mayoría de las sentencias de muerte, con tres soldados que dispararon tres veces cada uno a los prisioneros.
A lo largo de los años, las motivaciones de las ejecuciones públicas han cambiado bajo los diferentes líderes de la dinastía Kim, dijo Lee Younghwan, director ejecutivo del TJWG, a Radio Free Asia (RFA). "Si durante el régimen de Kim Il-sung hubo muchas ejecuciones públicas para tomar el poder, durante el reinado de Kim Jong-il se realizaron sobre todo 'ejecuciones económicas' debido a las dificultades que atravesaba el país", comentó Lee, en referencia al abuelo y al padre del actual líder, respectivamente. "Cuando Corea del Norte aprobó el año pasado la ley sobre el rechazo del pensamiento y la cultura reaccionarios, también empezó a llevar a cabo ejecuciones contra quienes veían videos surcoreanos, un hecho inaceptable desde el punto de vista internacional."
"Pyongyang considera que la influencia de la cultura popular surcoreana y su representación de estándares de vida más elevados es una amenaza existencial para el sistema norcoreano", comenta Kevin Gray, profesor de la Universidad de Sussex, en diálogo con NK News. En consecuencia, el consumo de los medios de comunicación surcoreanos "puede poner a prueba los fundamentos del régimen", a diferencia de otro tipo de delitos, explicó el docente.
Además, los familiares de los presuntos delincuentes suelen ser obligados a presenciar las ejecuciones sumarias en medio de una gran multitud de personas, argumenta la ONG."Un entrevistado dijo que antes los asesinatos públicos estaban abiertos a una gran multitud, pero en los últimos años la visión de las ejecuciones parece estar reservada al grupo del que procede el acusado, como los compañeros de trabajo", escribe el TJWG.
El reporte también afirma que las autoridades norcoreanas han reforzado la seguridad en los lugares donde se realizan las ejecuciones, posiblemente para evitar que se filtren videos grabados en secreto. Durante una matanza pública realizada en junio de 2014, por ejemplo, un refugiado vio "varios vehículos militares equipados con dispositivos giratorios”. El entrevistado sospecha que se trataba de “un equipo para detección de comunicaciones".
Otro cambio notable bajo el régimen de Kim Jong-un, continúa el informe de TJWG, es el creciente uso de los indultos: "De 2012 a 2015, algunos testigos indicaron que Kim trató de crear una imagen pública de líder benévolo a través de la concesión de indultos", afirma el documento. "Un encuestado presenció el juicio de 16 individuos", por ejemplo. "Sólo seis fueron condenados a muerte; los demás fueron indultados" por el dictador.
Esta nueva dinámica, combinada con el hecho de que el número de ejecuciones públicas parece haber descendido en los últimos años, parece sugerir que el régimen comunista está prestando más atención a las investigaciones sobre derechos humanos que se llevan a cabo en su territorio, señalan los expertos. "Parece que Corea del Norte ha implementado estos cambios como una solución a medio camino entre las inmensas críticas que recibe del exterior y la incapacidad de deshacerse de esta práctica, que el régimen utiliza para controlar al pueblo", dice Han Myung-sub, un abogado del estudio Hanmi de Seúl.
En los últimos años, Pyongyang ha puesto fin a las ejecuciones en sus fronteras y en instalaciones detectables por los satélites. Esto no quiere decir que no se hayan producido ejecuciones desde 2018, al contrario: los analistas coinciden en que el número de asesinatos podría ser mucho mayor. "Los resultados sugieren que el régimen de Kim Jong-un está prestando más atención a la creciente vigilancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país", dice el investigador de TJWG Pak Ahyeong, en diálogo con RFA. "Pero esto no implica un mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Las ejecuciones privadas deben ser monitoreadas de cerca".