La medida abarca cinco provincias. La mayoría de los niños han sido adoptados por los operadores de las instalaciones que han sido clausuradas y por funcionarios y policías. La adopción podría ser una medida impuesta por las autoridades: el Estado aporta entre 120 y 250 euros al mes por niño. Preocupación por las condiciones físicas y psicológicas de los menores adoptados.
Moscú (AsiaNews) – Por decreto del presidente Šavkat Mirziyoyev, las autoridades de Uzbekistán cerraron en cinco provincias las "casas de misericordia”, donde vivían niños huérfanos rechazados por sus familias. Casi todos los menores fueron adoptados por los trabajadores de los orfanatos clausurados, funcionarios del gobierno local, la Guardia Nacional, la policía y empresarios locales, como escribe Radio Ozodi. No está claro hasta qué punto estas adopciones son voluntarias o impuestas "desde arriba".
Se clausuraron establecimientos en las provincias de Karakalpakstan, Navoijska, Fergana, Namangan y Khorezm. En los últimos cuatro meses se abrieron más de 100 hogares de acogida en todo el país para sustituir a los orfanatos estatales. Los nuevos padres adoptivos, que oficialmente son todos voluntarios, deben cumplir ciertos requisitos, como una vivienda con espacio suficiente y un salario fijo. El Estado, por su parte, colabora con lo necesario para la manutención de los niños que reciben.
Sin embargo, una empleada de la Oficina de Adopciones de Samarcanda, que prefiere permanecer en el anonimato, está convencida de que la adopción es una medida impuesta por el gobierno. “En los 10 años que he trabajado en este sector, jamás he visto que un directivo o funcionario haya expresado su deseo de adoptar un niño”, comenta, “y hoy adoptan hasta cinco a la vez". La misma trabajadora señala que la mayor parte de los niños tienen entre 8 y 16 años, muchos con las dificultades propias de la adolescencia. "No sé quién podrá controlar cómo se desenvuelven a futuro”, agrega, “no será fácil hacer un seguimiento de los niños adoptados por los policías".
Según la información disponible, el Estado entrega unos 120 euros al mes a quienes toman un niño en adopción; si los menores son discapacitados, el aporte llega a ser de 250 euros. También se conceden fondos para indumentaria: un abrigo, un par de botas, ropa deportiva y un uniforme escolar. Sin embargo, estas asignaciones no alcanzan para cubrir todos los gastos de manutención y educación de un adolescente.
Otra cuestión que aún debe resolverse es el seguimiento de las condiciones físicas y psicológicas de los niños en las familias adoptivas. La tarea debería quedar a cargo de la Guardia Nacional, que cuenta con un sector especial dedicado a infancia y minoridad.