El presidente saliente Rodrigo Duterte firmó la reforma de la Ley de Servicios Públicos alegando "la oportunidad de mejorar los servicios esenciales". Pero los críticos señalan la participación que ya poseen las empresas chinas y denuncian los "riesgos para la seguridad nacional".
Manila (AsiaNews/Agencias) - Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones previstas para el 9 de mayo, el presidente saliente de Filipinas Rodrigo Duterte ha firmado oficialmente la entrada en vigor de la ley que permitirá a los inversores extranjeros poseer la mayoría de las acciones incluso en empresas de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y el transporte aéreo. La enmienda suprime el límite de participación del 40% previsto por la Ley de Servicios Públicos, que a partir de ahora solo quedará vigente para la red de distribución de energía eléctrica, el agua potable, las empresas petroleras, los puertos y los medios de transporte público.
"La flexibilización de las restricciones para las acciones extranjeras atraerá a más inversores globales, modernizará varios sectores del servicio público y mejorará la prestación de servicios esenciales”, argumentó Duterte. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OSCE) ha recibido con satisfacción esta liberalización porque considera que Filipinas tiene una de las normas más estrictas del mundo en materia de inversiones extranjeras, lo que desanima a los inversores. Los críticos de la nueva ley afirman en cambio que la apertura de sectores clave a los extranjeros podría constituir una amenaza para la seguridad nacional, en una clara alusión a China, con la que Manila mantiene una disputa sobre las aguas territoriales.
China Telecom ya posee el 40% del nuevo operador de telecomunicaciones filipino Dito Telecommunity, que lanzó sus servicios el año pasado. Por su parte, State Grid Corporation of China posee el 40% de la electricidad del país. La Autoridad Nacional para la Economía y el Desarrollo rechazó las críticas citando el hecho de que la ley otorga al presidente la facultad de bloquear las inversiones cuando esté en juego "el interés de la seguridad nacional".