La crisis energética acentuada por las sanciones contra Moscú impulsa de forma decisiva el regreso de Tokio a la energía nuclear. Por primera vez desde la catástrofe de Fukushima, la opinión pública es en su mayoría favorable. Actualmente en Japón las tres cuartas partes de la energía se produce a partir de combustibles fósiles importados. El punto crucial de la seguridad para las comunidades más cercanas a las plantas.
Tokio (AsiaNews) - Durante la visita a Londres que realizó esta semana, el Primer Ministro Fumio Kishida volvió a tratar uno de los temas más controvertidos de la política japonesa en la última década. Abordando la cuestión en el contexto de las sanciones contra Rusia, Kishida volvió a expresar su apoyo a la reapertura de las centrales nucleares. "Utilizaremos reactores nucleares con garantías de seguridad para contribuir a la reducción global de la dependencia de la energía rusa", dijo el primer ministro japonés.
El tema de la reactivación de las centrales nucleares se ha planteado cada vez con mayor frecuencia en Tokio en los últimos meses, y no es difícil entender por qué. Desde que el país cerró todas sus centrales nucleares debido al desastre de Fukushima en 2011, la dependencia de Japón de la energía importada aumentó considerablemente. Actualmente, en efecto, más de las tres cuartas partes de la producción energética en Japón procede de combustibles fósiles, de los cuales está casi desprovisto, mientras que el 18% es de origen renovable. Sólo el 3,9% de la energía es generada por las pocas centrales nucleares que se reactivaron en los últimos años.
Sin embargo, la guerra en Ucrania hizo subir los precios de las materias primas, incluido el gas natural licuado, del que Japón es el segundo importador mundial. En consecuencia, el aumento de los precios se ha reflejado en la electricidad. Según informó el periódico Asahi Shimbun, el coste de la electricidad en el mercado mayorista en marzo fue cuatro veces más alto que el año anterior. Al mismo tiempo, la caída del valor del yen frente al dólar encareció aún más las importaciones de energía.
Además del problema de costo de abastecimiento, que obliga a varias empresas de electricidad a rechazar nuevos contratos de suministro, Japón sufre una etapa de crisis de su capacidad productiva. En marzo, los cortes de electricidad forzados y las exigencias del gobierno de reducir el consumo pusieron de manifiesto la limitada capacidad de producción eléctrica del país. Tras la liberalización del mercado energético en 2016, las grandes compañías de electricidad cerraron plantas menos eficientes pero necesarias para garantizar las reservas en caso de necesidad. Esta reducción de la capacidad productiva quedó al descubierto en marzo, cuando el cierre de algunas plantas debido a un terremoto y el repentino aumento del consumo por el descenso de las temperaturas amenazaron con dejar en la oscuridad a una parte del país.
Desde hace algunas semanas Kishida intenta convencer a la opinión pública japonesa sobre la necesidad de volver a la energía nuclear. El Primer Ministro explicó que el país debe apuntar al uso de energías confiables, seguras y limpias, y señaló a las renovables y a la energía nuclear como la solución. Por otra parte, el plan energético aprobado en octubre del año pasado para luchar contra las emisiones prevé que el 20% de la energía producida en 2030 sea de origen nuclear. La semana pasada, en una entrevista por televisión, también aseguró que "no vamos a comprometer la seguridad [de las centrales eléctricas]".
Con las elecciones tan cerca, el gobierno japonés se propone resolver cuanto antes el problema del aumento de la factura de la luz. Además, el momento es favorable, ya que por primera vez en una década los sondeos muestran que la mayoría de la opinión pública apoya la reactivación de las centrales nucleares. Sin embargo, sigue habiendo un obstáculo burocrático. La agencia pública que supervisa y aprueba la reapertura de las centrales es un organismo independiente, que se rige por criterios de seguridad antes que por consideraciones políticas. El ente ha recibido críticas por su cautela, pero la responsabilidad política de acelerar la reapertura de las centrales sigue siendo un tema extremadamente delicado. Está en juego la cuestión de la seguridad de las comunidades adyacentes a las centrales, a la cual es posible que el gobierno todavía no esté preparado para dar respuestas.