El 23 de mayo, en el quinto aniversario del inicio del asedio a la ciudad, los desplazados internos protagonizaron una protesta para pedir al recién elegido presidente que ponga remedio al "caos" que ha dejado la administración Duterte. Según el ACNUR, 120.000 personas siguen viviendo en refugios. Los proyectos de infraestructura presentados por el gobierno no sirven para nada, dicen los críticos.
Manila (AsiaNews/Agencias) - Cientos de desplazados internos realizaron una manifestación para conmemorar el quinto aniversario del asedio a la ciudad de Marawi, en la isla sureña de Mindanao. Más de 500 personas, que han estado viviendo en su mayoría en refugios temporales desde 2017, se dirigieron al recién elegido presidente Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. exigiendo "limpiar el caso" dejado por el presidente saliente Rodrigo Duterte y que se les permita regresar a sus hogares a finales de año.
El 23 de mayo de hace cinco años comenzó el asedio de la ciudad de mayoría musulmana de Marawi por parte de los grupos radicales Maute y Abu Sayyaf, formados por milicianos rebeldes que habían prometido lealtad al Estado Islámico con la intención de establecer una provincia del califato en el sudeste asiático. Tras una cruenta guerra de guerrillas urbana en la que los bombardeos arrasaron la ciudad, las fuerzas gubernamentales consiguieron liberar Marawi el 23 de octubre.
Sin embargo, aún hoy, la mayor parte de la población sigue viviendo en condiciones precarias y hay miles de desplazados internos a los que Duterte había prometido una solución: según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que data de mayo de 2020, más de 120.000 personas han huido de la ciudad y viven en refugios permanentes y temporales.
"La gente está harta de los medios de vida poco fiables de los refugios temporales. Ya han tenido suficiente", comentó Amenodin "Ding" Cali, jefe del Reclaiming Marawi Movement, al ser preguntado por el sitio de noticias filipino Rappler.
Respondiendo a las preguntas de los periodistas, Marcos Jr. había dicho en marzo que no había "necesidad" de rehabilitar las zonas de Marawi, devastadas por el conflicto, porque la administración de Duterte ya estaba "terminando el trabajo".
En abril, Duterte firmó la Marawi Siege Compensation Act, una ley que prevé la creación de un comité de indemnización, formado por un presidente y ocho miembros con funciones cuasi judiciales para resolver los conflictos. Pero "los desplazados internos no quieren que la junta se politice, necesitan ayuda", continuó Cali.
La Task Force Bangon Marawi (TFBM), nombrada por el presidente saliente para reconstruir la ciudad, ha presentado en las últimas semanas un plan de reconstrucción que incluye la construcción de un nuevo estadio deportivo, un centro de conferencias, mezquitas y parques urbanos.
El director de la TFBM, Félix Castro Jr., restó importancia a la situación y desacreditó las reclamaciones de los desplazados, afirmando que al menos 1.000 personas han recibido permisos para reconstruir sus casas en la zona más afectada de Marawi, aunque, admitió, el comité de compensación aún no ha decidido cómo indemnizar a los que perdieron sus casas o negocios.
Tirmizy Abdullah, coordinador nacional del Foro de Cooperación Interconfesional, desaprobó la construcción de los proyectos de infraestructura, afirmando que no es lo que necesitan los desplazados de Mindanao: no sirven de nada si la gente no puede regresar a sus hogares, explicó.