El problema de la deuda es clave para el gobierno de Sharif. Sin embargo, la oposición liderada por el ex primer ministro Imran Khan continúa las manifestaciones en las calles. Paralelamente, se firmó otra vez más el alto el fuego con los talibanes paquistaníes, aunque eso no conducirá a soluciones a largo plazo.
Islamabad (AsiaNews/Agencias) - El gobierno paquistaní no puede obtener financiamiento en el mercado de bonos o de los bancos comerciales extranjeros, por lo que resulta cada vez más necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó el 29 de mayo el ministro de Finanzas de Pakistán, Miftah Ismail. Agregó que "Arabia Saudita y otros países están dispuestos a otorgar préstamos" a Pakistán, pero solo si primero se firma un acuerdo con la institución de crédito.
El Ministerio de Finanzas estima que Pakistán necesita alrededor de $ 37 mil millones para el nuevo ejercicio fiscal que comienza el próximo mes. El ex ministro Imran Khan había reducido y congelado los precios del petróleo, en contra de las recomendaciones del FMI, que en consecuencia suspendió un préstamo de 6.000 millones de dólares.
El nuevo primer ministro Shehbaz Sharif, que asumió el cargo en abril tras una moción de censura contra el ejecutivo anterior, no solo subió los precios de los combustibles sino que también prohibió las importaciones de artículos de lujo y elevó las tasas de interés de los préstamos en un intento por complacer a los funcionarios del FMI y reforzar las arcas del Estado con divisas para evitar una crisis económico-financiera como la de Sri Lanka.
Salvar al país de la bancarrota sigue siendo, entonces, la principal preocupación del gobierno que encabeza ahora la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N, donde la "N" indica una de las muchas subdivisiones internas del partido). El nuevo ejecutivo asumió después de que el Parlamento votara el mes pasado la moción de censura contra el ex campeón de cricket Imran Khan.
Sin embargo el ex primer ministro, que según algunos analistas ha perdido el apoyo del ejército y los servicios secretos paquistaníes -el verdadero motor de la política exterior del país-, no parece dispuesto a soltar la presa. Antes de la moción de censura, denunció una falsa conspiración internacional, según la cual Estados Unidos quería deshacerse de él. El líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), puso en pie de guerra a su electorado y pidió a sus partidarios que bloquearan las calles y marcharan contra el nuevo gobierno. El 25 de mayo se llevó a cabo una "marcha por libertad”, también llamada “Marcha Azadi” en la misma línea de la que realizó el PTI en 2014 siempre contra la PML-N.
Imran Khan lanzó un ultimátum al gobierno exigiendo elecciones generales en un plazo de seis días. Pero después de la marcha (durante la cual hubo enfrentamientos con la policía) Khan no continuó con la sentada prevista para ese mismo día y, sorprendiendo a aliados y enemigos, puso fin repentinamente a la manifestación.
Según el diario pakistaní Dawn, algunas figuras importantes del país intervinieron para evitar que la situación degenerara: un expresidente de la Corte Suprema, un importante empresario y un general retirado habrían convencido al líder del PTI para que suspendiera las protestas, asegurando a cambio que en junio se disolverían las asambleas provinciales y se convocaría a elecciones. La saga todavía no ha terminado. Imran Khan acudió recientemente a la Corte Suprema pidiendo permiso para una nueva marcha hacia Islamabad. Todavía no se ha fijado una fecha, pero el campeón de cricket que se convirtió en primer ministro, a pesar del escaso apoyo político, parece decidido a continuar su oposición con manifestaciones en las calles.
Paralelamente, continuaron las negociaciones del Gobierno con los talibanes paquistaníes (conocidos con la sigla TTP) para un nuevo alto el fuego que se debería mantenerse hasta mediados de junio. En los últimos días, los "primos afganos" han facilitado una serie de conversaciones que, sin embargo, los expertos volvieron a calificar como infructuosas. El nudo del problema sigue siendo el mismo: los TTP -cuyo objetivo es derrocar al Estado pakistaní como lo hicieron los ex estudiantes coránicos en Afganistán cuando conquistaron Kabul- plantean exigencias que Islamabad nunca aceptará, como la imposición de la sharia (ley Islámica) en algunas zonas del país, la separación de la región de Khyber Pakhtunkhwa de las Áreas tribales de administración federal (Fata) y la consiguiente retirada de las tropas gubernamentales de la región.
El Gobierno considera que hacer concesiones en este sentido equivaldría a ceder los territorios tribales de la frontera con Afganistán a los talibanes paquistaníes, que según estimaciones de Naciones Unidas solo este año han llevado a cabo 40 ataques contra el Estado, matando a cerca de 80 personas. Por el momento, sin embargo, más allá de los repetidos alto el fuego, todavía no se ha encontrado ninguna solución a largo plazo para la pacificación de esa región.