Tres helicópteros de la junta militar birmana atacaron cinco localidades, obligando a la población a huir y destruyendo lugares de culto. Una investigación de Amnesty International denuncia el uso de minas antipersona en el estado de Kayah.
Rangún (AsiaNews/Agencias) - Monhla, el pueblo natal del Card. Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, es una de las cinco localidades de la región de Sagaing que el 18 de julio sufrieron un ataque aéreo de la junta militar birmana.
Myanmar Now informó que los tres helicópteros también dispararon contra las aldeas de Pin Sein Khin, Kyi Su, Ka Lon y Thayet Taw, en los municipios de Khin-U y Ye-U.
Un jefe del Armed Revolutionary Force, un grupo de resistencia con base en Khin-U, confirmó que una iglesia, dos monasterios budistas y una pagoda sufrieron daños. "Las religiosas y el sacerdote escaparon", dijo una mujer del pueblo donde viven unas 700 familias en tiempos normales.
El Card. Bo nació en Monhla en 1948. El 1 de febrero de 2021 el ejército birmano derrocó con un golpe de Estado al anterior gobierno civil encabezado por Aung San Suu Kyi y comenzó una dura represión que después desató ell conflicto civil.
En mayo el cardenal había publicado una declaración en la que pedía a los militares que se abstuvieran de atacar lugares religiosos, después de que mataran a cuatro personas refugiadas en una iglesia en el estado de Kayah. En diciembre del año anterior el cardenal había celebrado la Navidad con el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing.
Según Amnistía Internacional el ejército está cometiendo crímenes de guerra al enterrar minas alrededor de las aldeas para detener a las tropas de la resistencia. El frente antigolpe está formado por las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y diversas milicias étnicas del país, a las que se han unido en los últimos meses diversos grupos de combatientes.
Durante una visita al estado de Kayah, cerca de la frontera tailandesa, los investigadores de Amnesty entrevistaron a sobrevivientes de minas antipersona, a los trabajadores sanitarios que los habían atendido y a otros cooperadores que participaban en las operaciones de desminado. La ONG dijo que disponía de "información creíble" para afirmar que la junta militar había colocado minas terrestres alrededor de al menos 20 pueblos y también en los senderos que cruzan los arrozales.
A pesar de los intentos de desminado de las milicias anti golpe, que carecen de la formación profesional y las herramientas necesarias para neutralizar los artefactos, los problemas más graves se plantearán en el futuro. "Sabemos por amarga experiencia que los muertos y heridos civiles aumentarán con el tiempo. Las minas sembradas ya están impidiendo que la gente regrese a sus hogares y a sus tierras de cultivo", dijo Rawya Rageh, consultor de Amnesty.