Tras el funeral de la reina Isabel, se esperan ahora en Tokio delegaciones de todo el mundo para despedir el 27 de septiembre al ex primer ministro asesinado en julio. Pero las encuestas muestran que más del 60% de la población japonesa es contraria a las celebraciones solemnes e incluso el principal partido de la oposición ha anunciado que no participará en las mismas
Tokio (AsiaNews) - Casi diez días después del funeral de la reina Isabel II, retransmitido y seguido en todo el mundo, ya se acerca otra fecha para las agendas de las cancillerías y embajadas. En efecto, la semana que viene, el 27 de septiembre, se celebrará en Tokio un funeral de Estado por el ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en un atentado hace dos meses. Es la segunda vez desde la posguerra que se concede ese tratamiento a un ex primer ministro. Sin embargo, la atmósfera en torno al Nippon Budokan promete ser muy distinta a la que se observó ayer en la Abadía de Westminster.
Desde hace unas semanas la decisión de otorgar este honor a Abe ha sido el centro de crecientes polémicas que han dividido a la opinión pública, atrayendo múltiples críticas tanto de la sociedad civil como de los partidos de la oposición. En efecto, la oposición al funeral de Estado se está extendiendo cada vez más en el país. Si en julio, cuando se tomó la decisión, el 43% de la población estaba a favor de un funeral público para el ex primer ministro, hoy el porcentaje ha bajado al 33%, mientras los que están en contra prácticamente duplican ese número y llegan al 60%.
El mes pasado se organizaron protestas en Tokio para pedir que se cancelara el funeral. Las razones que gritaban los manifestantes abarcaban múltiples aspectos de la controvertida vida política del ex primer ministro. Algunos grupos se identificaban con la oposición a los intentos de Abe de enmendar la constitución pacifista del país, mientras que otros consideraban que haber estado involucrado en escándalos de corrupción no lo hacía merecedor de un funeral de Estado. Otros más expresaban sus dudas sobre la carga para el gasto público en un momento de dificultades económicas como el actual, y algunos cuestionaban en cambio la decisión de celebrar el funeral por la simple razón de que se había tomado a pesar de la oposición de la mayoría de los japoneses. A principios de septiembre también se presentaron ante la oficina del gabinete peticiones contra el funeral de Estado firmadas por unos 400.000 ciudadanos.
Una parte de la población, en efecto, considera que la decisión de organizar el funeral de Estado (que según muchos sería incluso ilegal porque queda fuera de la competencia del gobierno) es una presión indebida para mostrar dolor por un dirigente que polarizó el país.
Estas circunstancias también están teniendo consecuencias políticas. Aunque el actual primer ministro Fumio Kishida ha intentado explicar en el Parlamento y a los ciudadanos cuáles son los motivos para organizar un funeral de Estado, en las encuestas el índice de desaprobación a sus decisiones ya ha superado al de aprobación. En este contexto, el principal partido de oposición, el Partido Democrático Constitucional, decidió anunciar que sus dirigentes no asistirán al funeral. Pero en la dividida oposición de Japón, en la que hay diferentes sensibilidades, no todos piensan igual, y otros partidos han decidido asistir al funeral de Abe.