Presionado por la opinión pública, el primer ministro japonés decidió iniciar una investigación sobre las cuantiosas donaciones al grupo religioso que se ha convertido en objeto de un intenso debate público tras el asesinato de Abe. Informó también al parlamento que una línea telefónica abierta para presuntas víctimas arruinadas por las deudas recibió 1.700 llamadas. La investigación podría dar lugar a la revocación del estatus de entidad religiosa y los consiguientes beneficios fiscales.
Tokio (AsiaNews) - Esta mañana el primer ministro japonés Kishida anunció en el parlamento que el gobierno ha decidido iniciar una investigación sobre la Iglesia de la Unificación (ahora llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial), el grupo religioso cristiano señalado como motivo del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe el 8 de julio pasado.
El ejecutivo se había mostrado extremadamente cauteloso durante semanas ante la presión pública, que apuntaba sobre todo a las cuantiosas donaciones recibidas por el grupo religioso, que se justificaban por el derecho a la libertad religiosa. Las últimas encuestas, sin embargo, mostraron una nueva caída en el índice de aprobación del gobierno, que ahora se sitúa en torno al 35%, la cifra más baja desde que Kishida asumió el cargo. En la pérdida de consenso ha pesado sobre todo el descubrimiento de los numerosos vínculos entre los miembros del PLD (el partido del primer ministro, ndr) y la Iglesia de la Unificación. Por esa razón esta mañana Kishida le ha pedido al ministro de Educación y Cultura que inicie una investigación.
"El gobierno se ha tomado en serio el hecho de que hay un gran número de víctimas, así como consecuencias de pobreza y familias destruidas a las que no se ha ofrecido el apoyo adecuado", dijo Kishida. Desde que el gobierno abrió una línea telefónica para ayudar a todos aquellos que se consideran víctimas del grupo religioso, se han recibido al menos 1.700 llamadas, y la mayoría de ellas se refieren al problema de las donaciones.
En una reunión reciente, la agencia oficial de protección del consumidor declaró que las prácticas discutibles son motivo suficiente para recomendar la apertura de una investigación. En las últimas semanas han surgido incluso testimonios de personas que aseguran haber sido inducidas por el grupo religioso a comprar “artefactos espirituales”. La agencia habla de familias enteras en la ruina económica.
Una asociación de abogados para la defensa de las víctimas habla de una copiosa jurisprudencia de sentencias contra las actividades de la Iglesia de la Unificación. El grupo religioso, sin embargo, no está dispuesto a aceptarlo y ha rebatido las acusaciones denunciando una campaña de odio y agresión en su contra. A fines de septiembre también presentó un documento de 22 páginas al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que afirma que los derechos religiosos en Japón han sido "grave, sistemática y flagrantemente violados" desde el pasado mes de julio.
¿Qué podría ocurrir ahora con la Iglesia de la Unificación? Al terminar la investigación el ministerio debería abrir una causa judicial y, si el tribunal fallara en contra, el grupo religioso perdería su condición de entidad religiosa y los beneficios fiscales que supone la misma. Sin embargo, eso no implicaría una orden de disolución y el grupo religioso podría seguir existiendo.
Los tribunales japoneses ya han emitido órdenes de disolución dos veces en el pasado, pero esta es la primera vez que el gobierno de Japón lleva a cabo una investigación. Una señal de que, pese al cambio de estrategia de Kishida, se mantiene cierta cautela.