ONU: se usan los juicios como “armas” contra la disidencia. Pero Teherán sigue reprimiendo

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunció el uso “brutal” de la fuerza que lleva a cabo la República Islámica. La magistratura desautoriza a Khamenei e impone duros castigos a las mujeres que no usan el velo correctamente. Desde la prisión de Evin, una activista habla sobre la tortura y la brutalidad. Salió en libertad bajo fianza la mujer cristiana de 38 años que fue arrestada antes de Navidad.


Teherán (AsiaNews)- El gobierno iraní usa los juicios y la pena de muerte “como arma” para “castigar” a los manifestantes a favor de la democracia y para “infundir miedo” a una población que lucha por la libertad y los derechos, con el propósito de reprimir la disidencia. La denuncia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se difundió ayer en un comunicado que condena enérgicamente la "brutal represión" que han impuesto los dirigentes de la República Islámica contra las manifestaciones en las calles. La revuelta popular ya va por su cuarto mes y se desencadenó por el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años, a manos de la policía moral por no llevar el velo islámico correctamente colocado.

La ejecución en el último mes de cuatro jóvenes implicados en las manifestaciones, prosigue Türk, como resultado de "juicios sumarios que no cumplían con las garantías mínimas de un proceso justo y equitativo" constituye una clara violación de los derechos humanos.

“El gobierno de Irán -concluye el alto funcionario de la ONU- serviría mejor a sus intereses y los de su pueblo si escuchara sus reclamos y llevara a cabo las reformas legales y políticas necesarias”. El objetivo debería ser "garantizar el respeto a la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y el pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida".

A pesar de los reiterados llamamientos y condenas de gran parte de la comunidad internacional, de las ONG pro derechos humanos y de los movimientos activistas, Teherán continúa con su puño de hierro contra las protestas que, tras las últimas ejecuciones y condenas a muerte, han quedado en silencio. En los últimos días el guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, había usado palabras conciliadoras sobre el uso del hiyab  -tratando quizás de frenar la ola de protestas- y afirmó que las mujeres que no lo usan correctamente también son "nuestras hijas" y no deben ser marginadas.

Sin embargo, en estas horas ha llegado una nota de los altos mandos policiales que ordena castigar "con contundencia" a las mujeres que no lleven el velo según los dictados de la sharia, que establecen que debe cubrir totalmente la cabeza y el pelo. La ley "Hiyab y castidad" vigente en la República Islámica exige que las mujeres y niñas mayores de nueve años usen velo en público. “Quitarse el hiyab es un delito -dice el vice fiscal general Abulsamad Khorramabadi, citado por la agencia semioficial Mehr - y es obligación de las fuerzas del orden detener a los que cometen delitos y llevarlos ante las autoridades judiciales para que reciban su justo castigo”.

Juicios, condenas a muerte, manifestantes ahorcados y la exhibición de sus cuerpos sin vida suspendidos de grúas han generado un inmenso terror en la población, que había salido a las calles - con las mujeres en primera fila- para luchar por su libertad y sus derechos. Según algunos analistas, el "éxito" en el uso de la fuerza para reprimir las más imponentes manifestaciones de naturaleza política y social de los últimos años podría reforzar en los dirigentes la decisión de reprimir toda forma de disidencia. Sin embargo, la aparente victoria también podría alimentar aún más el resentimiento de la población, de la sociedad civil y sobre todo de los jóvenes, que ven desvanecerse sus esperanzas de un futuro de mayor libertad, en el marco de una situación económica crítica, desempleo y falta de perspectivas.

La violencia también se pone de manifiesto en una de las raras historias desde la cárcel que ha conseguido evadir los filtros de la censura. La activista está estudiando derecho en la cárcel. En la carta describe que el ala "cultural" de Evin - donde rinde los exámenes - se ha convertido en un espacio de "tortura e interrogatorios" y ella ha visto con sus propios ojos a jóvenes sometidos a preguntas perentorias, intimidación y violencia física y psicológica. “La sala - escribe - está llena de jóvenes, mujeres y varones, y se escuchan los gritos de los torturadores”. Según informes del movimiento activista Hrana, hasta el momento han matado al menos 519 manifestantes, incluidos 69 niños, y otros 19.300 han sido arrestados. En los últimos días, sin embargo, la cristiana Bianka Zaia, de 38 años, arrestada a fines de noviembre por "participar" en manifestaciones en las calles y por "propaganda contra el Estado", que se encontraba detenida en la prisión de Evin, ha salido en libertad tras el pago de una fianza.