Según datos publicados por Human Rights Watch, al menos 2.000 personas fueron deportadas el año pasado. La gran mayoría eran rohingya que habían buscado refugio en el país. Malasia no está entre los países firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y después de la pandemia aumentó el descontento público respecto a su acogida.
Kuala Lumpur (AsiaNews) - Malasia se está convirtiendo en un país cada vez menos acogedor para las personas que huyen de Birmania. Después de haber sido durante mucho tiempo un refugio indispensable para quienes buscaban seguridad en el extranjero frente a la represión militar y el conflicto con las milicias étnicas que han causado hasta ahora casi 3.000 muertos en Birmania, ahora se suceden redadas y expulsiones.
Según Human Rights Watch, entre abril y octubre del año pasado, al menos 2.000 ciudadanos birmanos fueron repatriados sin que se admitiera su solicitud de protección; otros fueron internados o incluso encarcelados. También expresó su preocupación el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que pidió el cese inmediato de las repatriaciones forzosas e instó a las autoridades malasias a "cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y garantizar el pleno respeto de los derechos de quienes necesitan protección internacional".
Si bien es cierto que Malasia no es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo, y que la legislación local no distingue entre refugiados y migrantes indocumentados, el ACNUR considera que el derecho internacional prohíbe devolver a las personas a sus países de origen cuando corren peligro de sufrir persecución u otras violaciones de los derechos humanos.
Es cierto que, aunque el gobierno dirigido por Anwar Ibrahim es uno de los más ardientes partidarios de una mesa de negociación entre la junta birmana y la oposición, hasta ahora ha fracasado en este esfuerzo coordinado con los demás países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Birmania también forma parte. Por otro lado, aumenta la presión de la opinión pública -que creció con fuerza durante la pandemia- sobre la presencia de 183.000 refugiados en el país, de los cuales el 86% procede de Birmania y la mayoría son rohingya. Condiciones que el ejecutivo que resultó de las recientes elecciones no puede ignorar.
Hasta ahora no se pusieron en consideración las alternativas propuestas, como un documento de identidad distribuido por ACNUR, que, aunque sin valor legal, "podría reducir el riesgo de detención y permitir un acceso limitado a la salud, la educación y los servicios de apoyo esenciales". Del mismo modo, el mismo Comisionado u otros organismos podrían prestar otros servicios destinados a garantizar una mayor seguridad y una mejor calidad de vida.