Proceden principalmente de Bangladesh, India, Nepal e Indonesia y, como demuestra un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, sus derechos ya no se respetan. Malasia es el segundo productor mundial de este aceite, pero en diciembre la Unión Europea prohibió la importación de productos que no cumplieran determinados estándares medioambientales.
Kuala Lumpur (AsiaNews) - Un nuevo informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) muestra que las consecuencias de la disminución de las ventas en el mercado internacional del aceite de palma de Malasia recaen sobre todo en los trabajadores migrantes de Bangladesh, India, Nepal e Indonesia. Estos constituyen el 80% de la mano de obra de un sector que emplea a medio millón de personas cuyos derechos no se garantizan.
"En el sector de la palma aceitera”, señala la OIT en su informe The Cost of Hope, “los empleadores suelen confiscar los pasaportes de los trabajadores para asegurarse de que no huyan", una práctica prohibida tanto por las leyes internacionales como por las locales. "También hay empresas que exigen a los trabajadores que dejen sus pasaportes en los vestuarios de la oficina central de la plantación. Los trabajadores tendrían las llaves, pero necesitan el permiso de la dirección para entrar en las instalaciones. Donde trabaja Panji (uno de los trabajadores cuya historia se cuenta en el informe), el vestuario está situado frente a la administración".
Después de Indonesia, Malasia es el segundo productor mundial de aceite de palma, que representa el 44% de sus exportaciones, y trata de satisfacer una demanda de 74 millones de toneladas sobre todo por parte de Indonesia, India y China.
Sin embargo, el país está sufriendo las consecuencias de las restricciones a las importaciones de aceite de palma al mercado europeo que se decidieron en diciembre debido a que la producción no cumple las normas medioambientales europeas. Aunque la Unión Europea, tercer importador mundial de aceite de palma malasio en 2022 (1,47 millones de toneladas menos que el año anterior), negó querer un bloqueo total, el gobierno de Kuala Lumpur, de acuerdo con el de Yakarta, estaría considerando suspender unilateralmente las exportaciones.
Las consecuencias de la política de la UE y de otros importadores que podrían seguir su ejemplo corren el riesgo de ser graves para un país que destinó a esta producción el 70% de sus tierras, lo que supone 2,3 millones de hectáreas sólo en Malasia peninsular, contribuyendo considerablemente a la deforestación y a la amenaza de extinción de diversas especies animales.
Pero las consecuencias también podrían ser devastadoras en términos de empleo, ya que la situación obligaría a muchos trabajadores a regresar o a pasar a la clandestinidad, en una situación ya de por sí difícil para los migrantes debido a los abusos y la explotación, aunque Malasia también tiene una gran necesidad de ellos en otros sectores: basta pensar que hay dos millones de inmigrantes de un total de 16 millones de trabajadores.