Para las autoridades filipinas, el trabajo del tribunal supondría una violación de la soberanía y carecería de fundamento jurídico. Human Rights Watch advierte de las dificultades para llevar a cabo con éxito las investigaciones. El actual presidente Ferdinand Marcos Jr. ratificó su posición contraria a cualquier intervención extranjera en el asunto.
Manila (AsiaNews) - Continúa la pulseada entre las autoridades filipinas y la Corte Penal Internacional por los procesos abiertos a causa de los homicidios que se cometieron entre mayo de 2016 y septiembre de 2017. Esta fue la fase más aguda de la "guerra contra las drogas" que implementó el ex presidente Rodrigo Duterte con el objetivo declarado de erradicar el tráfico y consumo de estupefacientes.
La dimensión y las características de la campaña antidroga llevaron al fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a abrir una investigación preliminar en 2018, que motivó una primera luz verde de los jueces en septiembre de 2021.
Sin embargo, el 13 de marzo, el gobierno de Manila pidió al tribunal que anulara su decisión del 26 de enero de ese año de reabrir la investigación sobre los asesinatos y la violencia que afectaron principalmente a los sectores más débiles de la sociedad y marcaron profundamente a la sociedad filipina.
Los abogados de las familias de las víctimas insisten en una investigación independiente. Por su parte, a pesar de haber ratificado el Tratado de Roma en 2011 reconociendo la jurisdicción del Tribunal, al menos hasta que se retiró en octubre de 2017, Filipinas solicitó suspenderla por dos motivos: la intervención extranjera supondría una violación de la soberanía del país y carecería de fundamento jurídico.
En el documento de 50 páginas que se envió al tribunal en los últimos días, solicitaban "garantizar un efecto suspensivo a la espera de la sentencia de apelación". La declaración del ex ministro de Justicia y ahora fiscal general, Menardo Guevarra, también iba en esta dirección, afirmando que “las actividades acusatorias de la Corte Penal Internacional de adelantar la investigación carecen de toda base legal y violan la soberanía de la República de Filipinas”. El actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha confirmado en varias ocasiones su postura contraria a cualquier intervención extranjera en el asunto, amparándose en un apoyo popular sin precedentes y en el deseo generalizado de legalidad y paz social.
Sin embargo, el veredicto del Tribunal de Apelación sobre la base de la petición de Manila podría dar luz verde a los procedimientos de condena, salvo, recuerda Human Rights Watch, que haya que hacer frente a la dificultad de iniciar causas contra personas de las que habrá que reunir pruebas concretas con plazos muy inciertos, incluso en el caso de Duterte, que pretendía, entre otras cosas, conceder inmunidad a la policía por sus acciones represivas.
Oficialmente, las víctimas de la campaña antidroga serían 6.248, pero según fuentes independientes la cifra sería de al menos el doble. Del análisis de los datos oficiales se desprenden también dos casos particulares. El primero es que fueron principalmente los pobres y marginados quienes pagaron con sus vidas. El segundo se refiere al elevado número de asesinatos en las ciudades, empezando por el área metropolitana de la capital, donde se registraron el 39,8% de las muertes, a pesar de que en Manila vive menos del 13% de la población. En la propia capital, además, el 51% de las muertes se debieron a circunstancias distintas de las que se admitieron como consecuencia de resistencia a la autoridad y en respuesta a los ataques de la policía.