Así lo afirma un informe publicado ayer por el International Crisis Group. La junta golpista birmana quiere celebrar elecciones nacionales a toda costa para borrar la victoria de la Liga Nacional de la Democracia en noviembre de 2020, antes del golpe. Pero la oposición popular es fuerte y decidida.
Yangon (AsiaNews/Agencias) - La junta golpista birmana que tomó el control del país en un golpe de Estado en febrero de 2021 anunció la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la ex líder Aung San Suu Kyi. Según los expertos, se trata de una medida establecida para impedir el retorno de un gobierno civil en las próximas elecciones, pero que con toda probabilidad provocará un nuevo aumento de la violencia debido a la fuerte oposición popular.
Según una nueva ley aprobada por la junta militar en enero, todos los partidos ya existentes en el país dispusieron de dos meses para volver a registrarse y tener así la oportunidad de participar en las elecciones (las cuales, como dan por sentado los comentaristas, no serán libres ni justas). La Liga Nacional para la Democracia, que no considera legítimo al actual gobierno, se negó a hacerlo y por ello fue disuelta junto con otras 40 formaciones políticas.
Pero las imposiciones para impedir el retorno de la democracia en Birmania no acaban ahí. Según la legislación aprobada en enero, los partidos que deseen presentarse a las elecciones deben tener al menos 100.000 miembros inscritos en los tres meses siguientes al registro (frente a los 1.000 anteriores), y poseer fondos por valor de 100 millones de kyat (equivalentes a 44.000 euros), lo que supone multiplicar por 100 lo que estaba previsto anteriormente.
Por último, la ley prohíbe a los candidatos tener vínculos con individuos y organizaciones considerados terroristas, cuyas características no se especifican para excluir fácilmente a los enemigos políticos. En varias ocasiones, las milicias de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (FDP) que luchan en las filas de la resistencia como brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional en el exilio (GUN), compuestas en su mayoría por exdiputados de la Liga Nacional por la Democracia, fueron calificadas de grupos "terroristas".
Según un análisis publicado ayer por el International Crisis Group, el objetivo del jefe del ejército, general Min Aung Hlaing, es "suplantar la aplastante victoria" que obtuvo Aung San Suu Kyi en las últimas elecciones democráticas de noviembre de 2020. El icono prodemocrático y Premio Nobel de la Paz, que fue detenida al momento del golpe, cumple una condena de 33 años para mantenerla alejada de la política después de enfrentarse a lo que los observadores internacionales consideran una farsa judicial.
Sin una nueva prórroga (inconstitucional) del estado de emergencia, que la Carta Fundamental de Birmania de 2008 establece para un máximo de 24 meses, las elecciones que desea la Junta podrían celebrarse como muy pronto en noviembre de este año o en enero de 2024.
Los analistas del International Crisis Group creen que "el énfasis del régimen en las elecciones no es retórico, sino que refleja un deseo real de pasar del estado de emergencia a una forma más duradera de régimen político dirigido por los militares". Y para ello recurren a la propia Constitución, que fue redactada durante un periodo anterior de dictadura militar e incluye entre sus principios fundamentales el "papel de liderazgo político nacional" del ejército, al que de hecho se le reservó una cuarta parte de los escaños del parlamento. Sin embargo, prosigue el informe del think tank, los militares percibieron que bajo el gobierno de la LND este papel estaba disminuyendo: de ahí el golpe de Estado y la violencia subsiguiente.
Los expertos advierten de que las elecciones podrían ser las más violentas de la historia de Birmania: "La mayoría de la población, que ve los comicios como un cínico intento de los militares de perpetuar su control político, no tiene ningún interés en participar". Mientras tanto, las organizaciones étnicas armadas que se formaron en el momento de la independencia del país en 1948 para luchar contra el gobierno central, ahora aliadas con las Fuerzas de Defensa del Pueblo, ya han atacado a más de una docena de encargados de confeccionar los padrones electorales.
El régimen parece decidido a no aceptar boicoteos, pero para permitir una amplia participación popular, tendrá que asegurarse de controlar también las partes del territorio que siguen en manos de las fuerzas de resistencia, continuando el conflicto contra las milicias y los civiles.