Petición de la Alianza Popular por el Derecho a la Tierra al gobierno: "Que devuelvan inmediatamente las tierras confiscadas por los militares para la guerra civil y que aún no están disponibles. Y en los proyectos de desarrollo, que no haya más adquisiciones en perjuicio de las zonas utilizadas para el sustento de las comunidades".
Colombo (AsiaNews) - Desde 2015, el 29 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Sin Tierra. La iniciativa -lanzada por la Coalición Campesina Asiática- en Sri Lanka fue una oportunidad para volver a llamar la atención de la opinión pública sobre un problema que agrava aún más la crisis económica que está atravesando el país.
Actualmente, en varias regiones de Sri Lanka, miles de familias de todas las etnias -cingaleses, tamiles y musulmanes- carecen de tierras. "Treinta años de guerra civil, militarización, leyes de adquisición de tierras por parte de instituciones gubernamentales como las fuerzas de seguridad, el Departamento de Vida Salvaje y el Departamento de Arqueología, así como proyectos de desarrollo inadecuados, han conducido a esta situación", denunció en un comunicado la Alianza Popular por el Derecho a la Tierra, una coalición de comunidades, activistas y organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad de las personas marginadas. El documento recuerda, en particular, la difícil situación de los tamiles "que viven como una comunidad sin tierra desde que los británicos abandonaron Sri Lanka"; todo ello a pesar de que la tierra es "un factor clave para que muchos disfruten de sus derechos, incluidos los de subsistencia e identidad".
La declaración lamenta la falta de soluciones por parte de los sucesivos gobiernos de Sri Lanka y reitera algunas recomendaciones que ya se hicieron en el pasado. El primer punto es la devolución de las tierras usurpadas por los militares durante la guerra civil a la población y las comunidades. El gobierno también debería proporcionar ayuda adecuada a la población para reanudar la agricultura y otros medios de subsistencia en las tierras restituidas y ofrecer indemnizaciones por los daños sufridos durante la ocupación.
Otra petición de la Alianza Popular por el Derecho a la Tierra es que se ponga en marcha un programa para identificar las tierras agrícolas privadas que fueron demarcadas arbitrariamente como reservas forestales y de vida silvestre. Debería revisarse caso por caso, teniendo en cuenta los registros de propiedad y el uso anterior, la sensibilidad medioambiental, pero también la importancia de estas tierras para la seguridad alimentaria de las comunidades locales.
Además, debería detenerse inmediatamente cualquier intento de adquisición para proyectos de desarrollo, industriales o turísticos, si la tierra en cuestión es utilizada por los productores locales de alimentos para su subsistencia. Como alternativa, debería ayudarse a las comunidades a desarrollar el turismo comunitario y otros proyectos de desarrollo que complementen sus medios de subsistencia. En cualquier caso, sólo deberían adquirirse tierras cuando se identifique un fin público claro, razonable y justificado y sin dejar a los propietarios de las tierras en la incertidumbre.
Por último, para la Alianza Popular por el Derecho a la Tierra deberían concederse porciones adecuadas de tierra con una vivienda a todas las familias que residen en las plantaciones en reconocimiento a su trabajo. Un compromiso que debe perseguirse recurriendo a las tierras no cultivadas y abandonadas. Y esta plena propiedad debería estar garantizada por un título de propiedad, para que tengan la libertad de decidir cómo utilizarla. Las mujeres también tendrían garantizado este derecho.