Diputados de la oposición, grupos de derechos humanos y asociaciones de periodistas afirman que la norma, aprobada en apenas 24 horas por el Parlamento, corre el riesgo de ahogar cualquier tipo de debate libre antes de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán a finales de 2024.
Colombo (AsiaNews) - El Parlamento de Sri Lanka ha aprobado un proyecto de ley que regula los contenidos en línea, lo que ha provocado las críticas de los grupos de derechos humanos y políticos de la oposición que afirman que el gobierno está tratando de suprimir la disidencia y reprimir la libertad de expresión antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para finales de este año. La medida fue aprobada el miércoles con 108 votos a favor y 62 en contra.
Según la nueva ley de seguridad en línea, los creadores de contenidos, pero especialmente los ciudadanos que publiquen material considerado "ilegal" por una comisión de cinco miembros, serán castigados con penas de cárcel. Esta ley también responsabiliza directamente a empresas como Google, Facebook y X (antes Twitter) de los contenidos publicados en sus plataformas.
El gobierno del Presidente Ranil Wickremesinghe declaró que la ley, presentada al Parlamento justo un día antes de la votación del miércoles, pretende combatir los ciberdelitos, entre ellos el abuso de menores, el robo de datos y el fraude en línea. El año pasado se registraron en el país 8.000 delitos informáticos, declaró el ministro de Seguridad Pública, Tiran Alles, quien negó que la legislación fuera a afectar a la libertad de expresión.
Por su parte, Human Rights Watch criticó el proyecto de ley, advirtiendo de que los miembros de la recién creada Comisión de Seguridad en Línea tendrían poderes arbitrarios para "decidir qué discurso en línea es 'falso' o 'perjudicial', eliminar contenidos, restringir y prohibir el acceso a Internet y procesar a personas y organizaciones". Los delitos tipificados en el proyecto de ley conllevan multas muy elevadas y penas de prisión de hasta cinco años, añadió el grupo internacional de derechos humanos. El diputado Harsha de Silva declaró en el Parlamento que la ley es "una amenaza para nuestra democracia". De Silva, diputado del principal partido de la oposición -Samagi Jana Balawegaya-, declaró: "Esta ley tendrá un grave impacto negativo en la digitalización y la difusión de los productos electrónicos en Sri Lanka, precisamente en un momento en que deberíamos dar trabajo a nuestros jóvenes y ayudar a nuestra economía, que necesita desesperadamente crecer".
La Coalición Asiática de Internet (AIC), de la que también forman parte Apple, Amazon, Google y Yahoo, advirtió de que el proyecto de ley es un "plan draconiano para reprimir la disidencia" y "podría socavar el crecimiento potencial de la economía digital de Sri Lanka. Mantenemos inequívocamente nuestra postura", añadieron los gigantes tecnológicos mundiales, "de que el proyecto de ley de seguridad en línea, en su forma actual, es inviable y socavaría el crecimiento potencial y la inversión extranjera directa en la economía digital del país".
Naciones Unidas también condenó el "uso indebido de las medidas de excepción" por parte del presidente, afirmando que interfieren "en el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión".
El secretario de la Asociación de Periodistas Profesionales de Sri Lanka, Kalum Shivantha, también comentó el asunto: "El proyecto de ley tendrá graves repercusiones en la forma en que hacemos nuestro trabajo. Los periodistas podrían recurrir a la autocensura e incluso podrían cerrar nuestros sitios de noticias", declaró.
A pesar de las preocupaciones de la oposición, el gobierno anunció que seguiría adelante con el proyecto de ley, ya que el Fiscal General había aprobado las enmiendas.
Foto © Reuters, manifestantes ante el Parlamento en Colombo