Según datos de la UNODC, hubo una producción récord en 2023, y la superficie destinada a ese cultivo aumentó un 18%. El conflicto en sí se convierte en un incentivo para reemplazar las plantaciones extensivas de arroz o maíz. La cosecha se refina en el lugar y pasa de contrabando a los países vecinos para llegar al mercado mundial de heroína.
Bangkok (AsiaNews)- El conflicto en Myanmar alimenta la producción de opio, y lo hace en dos frentes: el de los recursos necesarios para que las partes involucradas continúen lo que hoy es una guerra civil en toda regla, y el de la "demanda" de la población local.
Los datos disponibles muestran el alcance de este aumento, que ha llevado a las zonas de producción local a superar en relevancia a las de Afganistán, donde los talibanes obstaculizan la producción desde que tomaron el poder en agosto de 2021. Según fuentes de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en 2023, en zonas a menudo remotas del país y en manos de milicias locales aliadas o rivales de la junta militar en el poder, se produjeron 1.080 toneladas de opio contra las 790 de 2022. Una cosecha excepcional, que en su mayor parte se refina directamente en los bosques y montañas del Estado de Shan para convertirla en heroína, y después se introduce de contrabando en los países vecinos para llegar al mercado mundial por un valor estimado el año pasado entre 835 y 2.200 millones de dólares.
El aumento de la producción, incentivada por mejores técnicas en el cultivo, es también consecuencia del conflicto, que ha limitado en parte cultivos extensivos como el arroz y el maíz y ha vuelto precario el uso de vías de comunicación e infraestructuras que permitían el transporte, distribución y almacenamiento. Estas condiciones tienen poca influencia en la "industria" del opio, que históricamente ha tenido períodos de crecimiento y reflujo.
En los años de frágil democracia entre 2011 y 2020 se había registrado un retroceso significativo en términos de cultivo y producción de derivados, pero cuando los militares recuperaron el control, la necesidad de producciones fáciles, más rentables y menos expuestas a los riesgos del conflicto ha vuelto a ser prioritaria. Se estima que la superficie de terreno dedicada al opio en 2023 fue de 47 mil hectáreas, un 18% más que en 2022.
La realidad geográfica y la presencia de vastos intereses locales y transnacionales nunca permitieron que desapareciera totalmente la producción, y los grupos criminales, en estas regiones de difícil acceso y control, pueden invertir con enormes beneficios y pocos riesgos de represión por parte de las autoridades, que muchas veces fingen ignorar lo que está ocurriendo. Actualmente un kilo de resina de opio aporta al agricultor más de 300 euros, una cifra atractiva para alguien que, como trabajador agrícola asalariado y en condiciones normales, puede aspirar a 250.000 kyats (unos 110 euros) al mes, y ahora se ve obligado, por la necesidad o el desempleo, a buscar recursos alternativos.