Ginebra (AsiaNews)- Cuarenta y cinco segundos a cada uno para expresar sus “recomendaciones” a la República Popular China sobre el respeto de los derechos humanos. El tiempo justo para enumerar problemas como la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la represión de los uigures en Xinjiang, la asimilación forzada del Tíbet, la proliferación de la pena de muerte... Sin embargo, a la delegación de Beijing -encabezada por el embajador Chen Xu- se le había permitido abrir la sesión presentando un panorama según el cual "la mejora de las condiciones de vida coincide con los derechos humanos". Y, si bien nadie puede pretender ser perfecto, “los hechos demuestran que hoy China satisface las aspiraciones de su población”.
Según la liturgia de las Naciones Unidas, el debate público sobre China tuvo lugar esta mañana en Ginebra en el marco del Examen Periódico Universal promovido por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de cada país. Hasta 163 países se inscribieron para intervenir, y un número considerable de países de Asia, África y América Latina lo hicieron principalmente para elogiar los resultados alcanzados por Beijing en el tema de la lucha contra la pobreza (cuestión que ciertamente no es sinónimo de respeto a los derechos humanos). Más allá de que la República Popular China de Xi Jinping ha usado precisamente durante mucho tiempo su propia imagen de defensora del Sur Global para ocultar la represión cada vez más dura de todas las formas de disidencia interna.
A pesar de todo esto en las recomendaciones que leyeron como verdaderos trabalenguas muchos delegados nacionales, han salido puntualmente a la luz las numerosas y graves violaciones de los derechos humanos de las que a menudo hablamos en este sitio: Gran Bretaña, por ejemplo, ha planteado abiertamente la cuestión del juicio contra Jimmy Lai que se está llevando a cabo en Hong Kong. Desde Canadá hasta Grecia, pasando por Chile y Australia, numerosos países han pedido cuentas por los arrestos arbitrarios de activistas, periodistas y abogados. Corea del Sur ha planteado específicamente la cuestión de la repatriación forzosa de los exiliados de Corea del Norte. El representante del ex gobierno de Afganistán (que todavía representa al país ante la ONU) pidió cuentas sobre la reapertura de las relaciones con los talibanes.
La República Popular China respondió a todos esos cuestionamientos desestimándolos como "mentiras" construidas por motivaciones políticas. Sobre Hong Kong, en particular, pintó un cuadro según el cual, gracias a la Ley de Seguridad Nacional y a los "cambios en el sistema electoral", la ciudad volvería a florecer después de los "disturbios y el miedo" de 2019. En cuanto a la libertad de expresión, en China se respetaría plenamente. Es una pena que incluso la transmisión en streaming de esta audiencia -a través del sitio web oficial de las Naciones Unidas- haya sido bloqueada para los ciudadanos de la República Popular China. En cuanto a la libertad religiosa, según las autoridades chinas, estaría plenamente garantizada en el país a "200 millones de creyentes", que pueden contar con "330.000 ministros de su religión y 144.000 lugares de culto".
Un panorama que se corresponde perfectamente con ese vaciamiento del concepto mismo de derechos humanos del que hablaba hace unas semanas Chow Hang-tung, abogada y activista prodemocracia de Hong Kong, en una carta que escribió desde la cárcel donde se encuentra recluida y que fue publicada por AsiaNews. Ahora corresponde al Consejo de Derechos Humanos sacar conclusiones de este debate en un informe que deberá presentar el 9 de febrero.
Mientras tanto, precisamente en relación con la cuestión de los derechos humanos en China, en estas mismas horas también se difundió un importante llamamiento de las Naciones Unidas a la Región Autónoma Especial de Hong Kong para que retire los cargos y ponga en libertad a Jimmy Lai, el empresario y editor católico prodemocrático recluido en la cárcel desde hace tres años, que está siendo juzgado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Firman esta solicitud los cuatro relatores especiales de la ONU que se ocupan de las cuestiones que plantea el caso Jimmy Lai: Irene Khan, relatora especial sobre la protección y promoción de la libertad de opinión y de expresión, Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados. Los relatores especiales forman parte de lo que se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano de expertos independientes del sistema de Naciones Unidas, es decir, que no dependen de ningún gobierno u organización y prestan servicio a título individual.
“Estamos alarmados por las múltiples y graves violaciones de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación de Jimmy Lai, y de su derecho a un juicio justo, incluida la denegación de acceso a un abogado de su elección y la designación de los jueces por parte de la autoridades”, declararon los cuatro expertos en su apelación. “Expresamos nuestras preocupaciones sobre la ley de seguridad nacional antes de que fuera promulgada y seguiremos haciéndolo, porque consideramos que no está en línea con las obligaciones legales internacionales –agregaron-. Reiteramos que la legislación sobre la seguridad nacional, que establece sanciones penales, nunca se debe utilizar indebidamente contra aquellos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacífica, ni para privar a dichas personas de su libertad personal mediante arresto y detención".
