Yakarta (AsiaNews) - Consternación y preocupación de muchos indonesios por la decisión, que se conoció en las últimas horas, de repatriar al líder más famoso y sanguinario de Jemaah Islamiah (JI), la agrupación terrorista actualmente disuelta responsable de algunas de las páginas más sangrientas de la historia reciente del país. La cúpula del gobierno, encabezado por el presidente Prabowo Subianto, ha dado luz verde, en efecto, para que regrese al país Riduan Isamuddin, más conocido por su nombre de batalla, Hambali, el cerebro de la masacre de Bali de 2002 y del ataque contra los cristianos. Otra decisión controvertida del jefe de Estado, que sigue a la posibilidad de una clemencia para los culpables de corrupción sujeta a la restitución de la suma, aunque sin dar indicaciones sobre las modalidades.
Originario de Cianjur, una regencia de la provincia de Java Occidental, el líder extremista se encuentra recluido en Guantánamo, la cárcel de máxima seguridad bajo control estadounidense en territorio cubano, y es conocido como el “Osama bin Laden del Sudeste Asiático”. Hambali pretendía la creación de un Estado islámico en forma de teocracia en todo el sudeste asiático, que él mismo dirigiría con el título de califa. Su ambición era gobernar Indonesia, Malasia, Singapur, Brunei y parte de Filipinas, Myanmar y Tailandia. Recibió una atención cada vez mayor tras los atentados de Bali de 2002 en el que murieron 202 personas, la gran mayoría de ellas turistas extranjeros. Fue arrestado un año después en una operación conjunta de la CIA y la policía tailandesa.
El plan de repatriación fue anunciado por Yusril Ihza Mahendra, Ministro coordinador de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos e Inmigración, y ha causado inmediata consternación y preocupación en la sociedad civil indonesia. “[A pesar de los graves delitos cometidos] Hambali es nuestro compatriota. No importa cuánto mal haya hecho en el pasado, si vive en el extranjero es nuestro deber político prestar atención a su caso y a su situación”, dijo Mahendra.
En referencia al caso judicial, afirmó que los hechos atribuibles a Hambali ya han prescrito. “Los atentados de Bali de 2002 ocurrieron hace 23 años y, según nuestros procedimientos legales, su caso ya ha vencido el plazo para ser llevado ante la justicia”. "Legalmente - advirtió el ministro - ya no puede ser condenado a muerte ni a cadena perpetua. Si (según nuestros protocolos legales) su caso tiene más de 18 años y no ha sido llevado a juicio, la causa prescribe y el acusado ya no puede ser enviado a juicio”.
Dentro de poco presentará el caso al presidente Prabowo Subianto, quien ya ha mostrado mucha atención a la suerte de los ciudadanos indonesios detenidos en el extranjero, a los que se propone repatriar. Entre ellos también se encuentran los detenidos en Malasia y Arabia Saudita, en su mayoría trabajadores migrantes indocumentados.“Tenemos información actualizada de que hay 54 compatriotas indonesios en Malasia, todos ellos han sido condenados a muerte, pero todavía no han sido ejecutados. No hay un número exacto de prisioneros indonesios en Arabia Saudita", añadió.
El asunto ya ha provocado críticas y una fuerte oposición, sobre todo entre los miembros de la sociedad civil, que consideran importante poner de relieve las diferencias entre un terrorista condenado por masacres y los trabajadores migrantes detenidos por no tener los permisos legales necesarios. Incluso, explica un activista a AsiaNews, "aquellos que han cometido delitos graves, como el asesinato de su empleador en el extranjero, en situaciones extraordinarias como el impago de salarios o reiteradas violencias físicas y sexuales". “Hambali no entra en tales categorías. Es un terrorista y no es moralmente idóneo para regresar a su país”, dijo un ciudadano llamado Suryo. “El terrorismo - añade Mila - no tiene carácter jurídico ni moral para gozar de un indulto”.
