Bangkok (AsiaNews) - La decisión anunciada ayer por el presidente del Parlamento tailandés, Wan Muhamad Noor, ha aplazado una vez más la votación sobre el nombramiento del nuevo jefe de gobierno, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la petición del Parlamento. De hecho, parte de la asamblea impugna la decisión de los jueces de bloquear un nuevo nombramiento como premier de Pita Limjaroenrat, líder del partido Move Forward, el más votado de la coalición y legitimado para sustituir al frente del país a los partidos pro-militares en el poder desde 2019. Un liderazgo heredero directo del golpe de Estado de cinco años antes y propiciado por la Constitución que redactaron en 2017, lo que hace casi imposible una alternativa democrática.
El 12 de julio, Pita había sido propuesto unánimemente por la mayoría para el cargo de primer ministro, pero fue derrotado por unas decenas de preferencias en la votación conjunta de diputados y senadores (estos últimos sólo militares). Una semana después, sin embargo, surgieron las evidentes diferencias de intereses entre el Move Forward y el segundo partido de la mayoría, el Pheu Thai, que habían impedido un acuerdo sobre su nombre. Esto había permitido, aunque con fuertes dudas de constitucionalidad, descartar su ulterior candidatura. Se espera que el 16 de agosto llegue una decisión judicial sobre este punto, pero aunque es poco probable que cambie la suerte de Pita -inhabilitado a petición de la Comisión Electoral para ser diputado por un supuesto conflicto de intereses-, la espera ya está teniendo repercusiones.
En los últimos días, Pheu Thai renegó de su alianza con Move Forward. Posteriormente, los líderes iniciaron amplias conversaciones para una nueva mayoría que incluyera también a algunos de sus antiguos adversarios políticos, al tiempo que confirmaban que no se oficializaría ninguna alianza antes de la decisión de los jueces constitucionales. Además, la incertidumbre de la situación y las negociaciones informales, a veces incluso clandestinas, en curso entre los partidos políticos y el ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra hacen imposible el regreso de este último, ya anunciado para el 10 de agosto, con graves consecuencias no del todo previsibles.
Thaksin, polémico por su política, tan popular entre las clases desfavorecidas como fuertemente repudiado por el establishment pro-monárquico, los militares y los grandes oligopolios, se encuentra en exilio voluntario desde 2008. Tiene numerosas órdenes judiciales pendientes contra él, algunas de las cuales han sido retiradas, pero que podrían costarle varios años de cárcel. A falta de un acuerdo sobre su destino y su seguridad negociado por el Pheu Thai, del que fue fundador y del que siguió siendo el líder de facto durante la mayor parte de su estancia en el extranjero, difícilmente podría volver a pisar su patria sin arriesgarse a sufrir consecuencias jurídicas o personales.
