Bangkok (AsiaNews)- La Comisión electoral nacional tailandesa decidió pedir a la Corte Constitucional la disolución del partido Move Forward porque constituiría una amenaza para la monarquía. Un movimiento previsible, considerando que se trata de la última carta disponible para terminar con los problemas que plantea un grupo político "incómodo" para los centros de poder tradicionales y que en las elecciones del 14 de mayo de 2023 se impuso por primera vez por un amplio margen en las preferencias de los votantes. El triunfo quedó frustrado por el viraje radical de su principal aliado en la campaña electoral, el Pheu Thai, que decidió hacer una alianza con su adversario histórico, el promilitar Palang Pracharath, relegando al Move Forward a la oposición.
El fundamento del pedido de la Comisión es el compromiso del partido de iniciar una revisión de la ley (artículo 12 del Código Penal) que protege la dignidad de la casa real. Con el paso de los años, la norma se ha convertido en un pretexto para atacar a individuos y grupos hostiles a los que controlan el poder - comenzando por las Fuerzas Armadas - que afirman proteger la institución monárquica para conservar en la práctica el control del país.
La ley impone hasta 15 años de prisión por cada cargo a quienes expresen sentimientos antimonárquicos o simplemente sean críticos respecto de la institución.
La modificación de la ley, así como el inicio de un proceso de definición del papel de la monarquía, fue uno de los puntos fundamentales del programa del Move Forward y le aportó el 36,23% de los votos, especialmente entre los jóvenes y la clase media urbana. “Hay pruebas - afirmó ayer la Comisión Electoral en un comunicado, refiriéndose a la sentencia de la Corte Constitucional que en enero había declarado ilegítima la propuesta del partido - de que el Move Forward está debilitando el sistema democrático con el rey como jefe de Estado”.
Una sentencia que reconociera su culpabilidad no sólo privaría a la ya precaria democracia tailandesa de un partido que ha sido capaz de incorporar las necesidades de desarrollo cultural y democrático de muchos tailandeses; también conduciría a la exclusión de sus dirigentes de la política activa durante diez años. La situación repite la que ya transitó el partido Future Forward - en el que claramente se inspira el Move Forward - proscrito en 2020, apenas dos años después de su nacimiento, por presunta financiación ilícita.
Desde 2020 más de 260 personas han sido procesadas por este delito con condenas que, en un caso, ha llegado a medio siglo de prisión por haber publicado en Facebook textos críticos contra la realeza. La intención de socavar la democracia tailandesa fue negada por el portavoz de Move Forward, Parit Wacharasindhu, quien afirmó que el partido "probará su inocencia ante la Corte Constitucional".
