Las autoridades aprobaron un proyecto de ley que permite registrar los desaparecidos. A los familiares se les dará un "certificado de ausencia". Así podrán acceder a las propiedades del pariente ausente. Hasta ahora tenían que firmar un certificado de defunción, pero el reconocimiento de los restos es a menudo imposible.
Colombo (AsiaNews) - El gobierno de Sri Lanka ha aprobado un proyecto de ley que permite registrar las personas desaparecidas durante tres décadas de guerra civil. Desde 1994 se han presentado más de 65.000 denuncias, pero ninguna de ellas fue aceptada por carecer de una oficina especial. A fines de mayo, el presidente Maithripala Sirisena presentó la nueva Oficina para la personas desaparecidas (OMP) responsable de detectar rastros de las víctimas del conflicto y garantizar la justicia.
Durante casi treinta años, la isla fue el escenario de una sangrienta guerra civil entre los rebeldes de los tigres tamiles (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) y las fuerzas gubernamentales. Según las cifras oficiales, el conflicto ha causado alrededor de 100.000 víctimas, de las cuales al menos 40.000 perecieron en las fases finales (2006-2009).
La ley fue aprobada el 7 de junio. Hasta el momento, las familias de los desaparecidos tenían que firmar un certificado de defunción. Siendo así, los familiares jamás pudieron tener acceso a los bienes, propiedades y cuentas bancarias de las personas desaparecidas, dada la imposibilidad de presentar pruebas concretas que atestiguasen la muerte real.
La mayoría de los desaparecidos, de etnia tamil, murieron durante los ataques del ejército o por la violencia de las guerrillas rebeldes, o bien fueron secuestrados y jamás regresaron. A partir de los pocos restos encontrados en fosas comunes, es difícil efectuar un reconocimiento oficial.
Ahora, con la nueva propuesta, que podría convertirse en ley en pocos meses más, los sobrevivientes podrán obtener el "Certificado de ausencia" de sus familiares desaparecidos. Esto les permitirá solicitar enventuales resarcimientos, e iniciar acciones legales contra los responsables de las desapariciones forzadas.