Hong Kong (AsiaNews)- Doscientas doce páginas de artículos, publicados apresuradamente apenas 9 días después de concluir la etapa de "consulta popular" y sin tomar en cuenta (como era de esperar) las preocupaciones expresadas por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Con la Asamblea Legislativa - totalmente controlada por las fuerzas pro-Beijing, tras la liquidación de cualquier atisbo de democracia en Hong Kong - que, obedeciendo las instrucciones de la administración local de John Lee, afirma que está dispuesta a "reunirse día y noche" para llegar a la aprobación lo más rápido posible. En este contexto hizo hoy su debut, en la ex colonia británica reunificada con la República Popular China en 1997, el proyecto de ley sobre el artículo 23, la versión local de la Ley de Seguridad Nacional.
Desde julio de 2020 ya se encuentran vigentes en Hong Kong normas muy estrictas impuestas por Beijing en virtud de las cuales -precisamente porque eran una "amenaza contra la seguridad nacional" - se reprimieron las protestas masivas de millones de personas que salieron a las calles para exigir democracia según el principio "un país, dos sistemas" que fue la base de los acuerdos sobre el retorno a la soberanía de Beijing. Esas mismas leyes son las que permiten que cientos de adherentes al movimiento prodemocracia todavía sigan en la cárcel, afrontando juicios por cargos surrealistas de "subversión" o "influencia extranjera" que, después de años, recién se están celebrando.
Sin embargo, con la ley sobre el Artículo 23 tal como fue presentada hoy, la represión de la libertad de expresión en Hong Kong se incrementará a un nivel aún más brutal. Oficialmente esta vez no se trata de una normativa de Beijing, sino de una ley local destinada a aplicar un punto de la Basic Law - la ley fundamental que regula el regreso de Hong Kong a China. El artículo 23 ordenaba una ley específica para reprimir los delitos que pusieran en peligro la seguridad nacional. Ya en 2003 el gobierno de Hong Kong había intentado aprobar una ley al respecto, pero fue frenada por una ola de protestas populares que consideraron esta medida como un claro intento de acabar con las libertades y el Estado de Derecho que, a pesar de todas sus limitaciones, la administración colonial británica había garantizado. Pero ahora, en un Hong Kong donde ya no existe ninguna posibilidad de expresar disidencia, la República Popular China y John Lee se disponen a completar el trabajo. Con una legislación aún más restrictiva y abierta a una aplicación aún más arbitraria que la vigente desde 2020.
Si la ley de seguridad nacional de Hong Kong entra en vigor tal y como se ha publicado hoy - y no hay motivos para tener dudas, dada la ausencia de un verdadero debate político -, a partir de ahora será posible condenar a cadena perpetua por delitos como "traición", "insurrección" o "amenaza a la soberanía de China". Para el delito de "sedición" - frecuentemente impugnado en los tribunales en los últimos años por manifestantes prodemocráticos - la pena máxima se elevará de los dos actuales a siete años de prisión; con la posibilidad de aumentarla hasta diez en caso de connivencia con una "fuerza extranjera". Y al codificar este delito, la nueva ley define la "intención sediciosa" como la incitación al odio, el desprecio o la desafección contra China, sus instituciones en Hong Kong e incluso contra el gobierno o el sistema jurídico de la ciudad.
El texto de la ley que se ha propuesto para el Artículo 23 aumenta el plazo de 48 horas a dos semanas para que la policía presente cargos en caso de arresto por un delito relacionado con la seguridad nacional y otorga a las fuerzas del orden nuevos poderes para limitar el acceso de los detenidos a sus abogados. El gobierno también podrá revocar el pasaporte de aquellas personas contra las cuales se haya emitido una orden de arresto en virtud de un delito relacionado con la seguridad nacional e impedirles ser destinatarios de transacciones financieras si no comparecen ante un magistrado en un plazo de seis meses: una disposición que claramente apunta a los miembros del movimiento prodemocrático que se han refugiado en el exterior del país.
Confirmando la intención intimidatoria de todo el marco normativo, el proyecto de ley sobre seguridad nacional también contempla un delito que se define como "traición por negligencia" y que apunta expresamente a aquellos que son conscientes de conductas que atentan contra la seguridad del Estado (tal como la describen anteriormente las autoridades de Hong Kong) pero no las denuncian. Por lo tanto, incluso en ese caso una persona puede ser denunciada y enfrentar una pena de hasta 14 años de prisión.
Es fácil comprender que un delito formulado de esta manera supone una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquiera. Pero sobre todo implica una amenaza específica para las comunidades religiosas. En una de las observaciones que se presentaron durante la fase de consulta popular, se había planteado esta cuestión, citando el caso de los ministros de culto que reciben información confidencial relacionada con su función (por ejemplo, el sacerdote católico en el secreto de confesión). Las autoridades de Hong Kong no ofrecieron ninguna respuesta a la objeción, limitándose a decir genéricamente que este apartado no se aplica "a los que tienen un derecho reconocido basado en su estatus profesional".
