Beijing (AsiaNews) - En su visita de seis días a China, que comienza hoy, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viajará dentro de una "burbuja" de seguridad por el Covid-19 y sin periodistas. Así lo comunicó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
De este modo, el gobierno de Beijing niega a la representante de la Naciones Unidas el acceso pleno e irrestricto a Xinjiang. Según la ONU, varias organizaciones humanitarias y medios de comunicación internacionales, desde 2017 las autoridades chinas han encarcelado en campos de concentración a cerca de 1,8 millones de uigures, kazajos y kirguises, minorías turcófonas de confesión islámica que viven en la región autónoma occidental.
Las acusaciones se basan en el análisis de documentos oficiales de Beijing y en testimonios directos de antiguos detenidos y guardias de la cárcel. Estos incluyen una serie de violaciones de los derechos humanos, como tortura y otros tratos inhumanos, esterilización forzada, violación y separación forzada de menores. También denuncian el amplio sistema de vigilancia establecido por las autoridades chinas para controlar a los uigures y otras minorías de origen turco.
Los chinos niegan todas las acusaciones, afirmando que en Xinjiang hay centros de formación profesional y proyectos para reducir la pobreza, luchar contra el terrorismo y el separatismo. Estados Unidos y las organizaciones humanitarias manifestaron sus dudas sobre la utilidad de la misión de Bachelet. Las restricciones que impuso Beijing confirman los temores de muchos observadores, según las cuales Xi Jinping habría usado la visita de la ex presidente chilena para encubrir las atrocidades de las que se los acusa.
El último viaje de un directivo de la agencia de derechos humanos de la ONU a China fue en 2005. Desde 2018, la ONU y Beijing han estado negociando las condiciones de acceso de una manera muchas veces polémica. Desde hace tiempo, Washington y las organizaciones humanitarias critican a Bachelet por no haber adoptado nunca una postura más clara contra China, especialmente a la luz de la información que surgió sobre la situación de los uigures y otras minorías musulmanas. También se considera grave que no se haya publicado un informe de la ONU sobre la situación en Xinjiang, que estaba listo en septiembre.
