Nueva Delhi (AsiaNews) - El proyecto de ley que busca modificar la normativa india sobre la financiación extranjera de las organizaciones no gubernamentales ha sido remitido a una Comisión Parlamentaria Conjunta (JPC, por sus siglas en inglés) para un examen más profundo, tras las fuertes críticas planteadas por la oposición, la sociedad civil y las organizaciones cristianas.
El proyecto, denominado Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley de Contribuciones Extranjeras (Regulación), fue presentado en la Cámara Baja el 25 de marzo por el ministro del Interior, Amit Shah. El gobierno sostiene que su objetivo es hacer más transparente y someter a mayor control la gestión de las contribuciones procedentes del extranjero y subsanar algunas deficiencias detectadas en la aplicación de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA), la ley que desde 2010 regula la financiación extranjera destinada a organizaciones y asociaciones indias.
El envío a una JPC fue recibido con satisfacción por el All India Christian Council. En un comunicado emitido el 12 de agosto, el presidente de la asociación, el arzobispo anglicano Joseph D’Souza, destacó que "esto significa que el gobierno ha reconocido que un proyecto de ley de esta magnitud no debería haber sido presentado al Parlamento en los últimos días de una sesión marcada por una intensa actividad y actualizaciones diarias".
D’Souza precisó, sin embargo, que el reenvío del proyecto a la comisión no resuelve las objeciones planteadas por la comunidad cristiana, que sigue reclamando que se retire el proyecto de ley. El All India Christian Council anunció que presentará sus observaciones ante la comisión y pedirá que se escuche directamente a las escuelas, los hospitales y las organizaciones benéficas que podrían verse afectadas por las nuevas disposiciones.
El punto más controvertido se refiere a la gestión de los bienes adquiridos o construidos con contribuciones extranjeras cuando una organización pierde su certificado FCRA.
El proyecto de ley prevé la creación de una "autoridad designada" encargada de asumir la custodia, administrar y, en determinadas circunstancias, disponer de las contribuciones y los bienes de la organización. La pérdida de la inscripción puede ocurrir, por ejemplo, cuando se cancela el certificado, cuando la entidad lo devuelve voluntariamente o cuando la inscripción caduca y no se obtiene su renovación.
El gobierno ha explicado que la administración de los bienes financiados con contribuciones extranjeras ya estaba contemplada en el artículo 15 de la FCRA de 2010. Sin embargo, el proyecto de 2026 establece un marco más detallado para la custodia, administración y eventual destino definitivo de esos bienes.
Este es precisamente el aspecto que más preocupa a las organizaciones cristianas. D’Souza sostiene que una entidad podría correr el riesgo de perder escuelas, hospitales o centros de acogida incluso cuando la falta de renovación del certificado se deba a una cuestión administrativa. "Un retraso en un portal del gobierno equivaldría a una transferencia de propiedad", señaló el arzobispo.
La decisión de remitir el texto a la JPC se tomó pocos días después de un pedido similar dirigido directamente al ministro del Interior, Amit Shah, por el cardenal Oswald Gracias, arzobispo emérito de Bombay.
En una carta fechada el 8 de agosto, el cardenal pidió al gobierno que no apresurara la aprobación del proyecto y que sometiera tanto el proyecto de ley como las nuevas normas de modificación de la Foreign Contribution (Regulation) Rules a un examen parlamentario exhaustivo.
En la carta, el Card. Gracias reconoce la necesidad de garantizar la transparencia financiera, la rendición de cuentas y la protección de la seguridad nacional, pero cuestiona el alcance de algunas de las nuevas disposiciones, que califica de "draconianas".
El Card. Anthony Poola, arzobispo de Hyderabad y presidente de la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), en su mensaje con motivo de la fiesta de la Independencia que se celebra hoy, también destaca la contribución de la comunidad cristiana a la construcción de la nación. Señala que los cristianos han servido a la India durante generaciones a través de la educación, la atención de la salud, los servicios sociales y la ayuda humanitaria, especialmente entre los pobres y las personas más vulnerables. Por eso volvió a pedir al gobierno que retire el proyecto de enmienda de la FCRA y expresó su preocupación por que sus disposiciones puedan obstaculizar seriamente la labor de las instituciones caritativas y dificultar el cumplimiento de su misión humanitaria.
La FCRA es uno de los instrumentos mediante los cuales el gobierno indio controla el ingreso al país de fondos procedentes de entidades extranjeras, pero el marco normativo se ha endurecido progresivamente en los últimos años. La reforma de 2020, por ejemplo, estableció la obligación de recibir las contribuciones a través de una cuenta bancaria específica del State Bank of India en Nueva Delhi, prohibió que parte de los fondos se transfiriera a otras asociaciones y redujo del 50% al 20% el límite para los gastos administrativos.
En 2026, el gobierno introdujo nuevas normas, que entraron en vigor el 22 de junio, y que vinculan la inscripción en la FCRA a actividades específicas y a los estados o territorios en los que opera una organización. Las nuevas normas también establecen que las entidades que soliciten la renovación deberán demostrar que han utilizado al menos 10 lakh de rupias (unos 10.000 euros) de contribuciones extranjeras en los dos años anteriores y establecen nuevas obligaciones de rendición de cuentas, incluida una identificación más precisa de los donantes extranjeros.
El proyecto de ley y las nuevas normas, por lo tanto, son dos medidas distintas: las normas de 2026 ya están en vigor, mientras que el Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill todavía debe ser aprobado por el Parlamento.
El gobierno defiende el nuevo proyecto con el argumento de que su objetivo es reforzar la transparencia. Pero D’Souza explica que la comunidad cristiana no pretende eludir los controles. "Nadie en nuestra comunidad se opone a la transparencia. Nadie se opone a la rendición de cuentas". No obstante, reiteró que "una ley que realmente se preocupe por la transparencia establece controles, sanciones y el enjuiciamiento de los responsables. No transfiere los títulos de propiedad de los inocentes".
(con la colaboración de Nirmala Carvalho)
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