Delhi (AsiaNews) - Tras semanas de polémica desatada por comentarios denigrantes y de odio por motivos religiosos, el Tribunal Superior de Mumbai inició ayer un litigio de interés público (PIL) contra Gopichand Padalkar, representante del BJP y miembro de la Asamblea Legislativa de Maharashtra (la Cámara Baja). Lo que determinó la acción judicial a través del PIL —un instrumento que permite a individuos o grupos entablar demandas sobre cuestiones de amplio interés público sin haber sufrido un daño personal directo— fueron los «discursos denigrantes» del político miembro del partido del primer ministro Narendra Modi. La petición sostiene que Padalkar hizo declaraciones «incendiarias» al relacionar el suicidio de una mujer con las conversiones religiosas forzadas por parte de misioneros cristianos (evangélicos), ridiculizando los fundamentos de la fe y ofreciendo «recompensas» por «actos de violencia» contra miembros de la minoría.
La petición presentada por el activista Melwyn Fernandes, con sede en Thane, afirma que el 17 de junio, durante un mitin público en Kupwad, Sangli, el político del BJP hizo declaraciones incendiarias y de carácter sectario. En concreto, Gopichand Padalkar habría relacionado el suicidio de una mujer de Jalna, ocurrido el 6 de junio, con las supuestas «conversiones religiosas forzadas» por parte del clero cristiano. Según los demandantes, estas acusaciones constituyen un abuso de poder público y son un «intento malicioso de difamar a la comunidad cristiana, fomentar la discordia entre las comunidades y usurpar el papel de las autoridades investigadoras, socavando así el Estado de derecho».
Un vídeo del discurso del miembro de la Asamblea Legislativa es de dominio público en plataformas online como YouTube, redes sociales y noticiarios; en el vídeo, Padalkar habría afirmado que se preveían «recompensas» para quienes golpearan a los cristianos que practicaran conversiones religiosas y para quienes mataran a los sacerdotes. El político del BJP, procedente de la circunscripción electoral de Jat, en el distrito de Sangli, habría continuado haciendo comentarios —según se lee en la demanda— que «fomentaban divisiones entre las comunidades, alimentando así el odio y la desconfianza hacia la minoría religiosa». El diputado también habría «burlado los principios fundamentales de la fe cristiana ridiculizando las creencias religiosas sagradas». «Si Jesús realmente puede hacer milagros, que me destituya de mi cargo, entonces les escucharé. Pero él no hace nada. Entonces, ¿por qué todas estas protestas?», dijo Padalkar.
El firmante sostiene que, a pesar de la indignación pública generalizada y las protestas pacíficas de más de 5000 cristianos y otras personas interesadas en todo Maharashtra, incluida Mumbai, las autoridades no han iniciado una acción penal de oficio contra Padalkar y sus seguidores. «Esta inacción —afirma el activista Melwyn Fernandes— refleja la apatía institucional, fomenta la impunidad política y socava la confianza del público en la Constitución, la gobernanza y el Estado de derecho». «Las declaraciones —añade— tienen el peligroso potencial de radicalizar a personas económica y socialmente vulnerables, incitar a la violencia masiva y perturbar la armonía comunitaria, en particular hacia las minorías cristianas».
Los promotores del Pil piden al tribunal que ordene al Estado registrar un primer informe informativo (FIR) contra Padalkar en virtud de los artículos 153A (promoción de la enemistad entre grupos), 196 (promoción de la enemistad basada en la religión, etc.), 351 (intimidación criminal), 74 (agresión contra las mujeres) 352 (violación intencionada de la paz) y otras disposiciones pertinentes del Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, por «discursos provocadores que constituyen una grave amenaza para la armonía comunitaria, el orden público y la ética laica consagrada en la Constitución india».
Por último, también en Maharashtra se ha dado a conocer estos días la noticia de que los dalits (fuera de casta) que se conviertan al cristianismo o al islam perderán los privilegios y prerrogativas concedidos a las castas registradas, las llamadas «castas reconocidas». Así lo ha declarado el ministro principal Devendra Fadnavis, que oficializa la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo al respecto de noviembre del año pasado. Los beneficios, explica, solo se garantizarán a los dalits budistas, hindúes y sijs, excluyendo a los de fe cristiana y musulmana, que corren el riesgo de sufrir una mayor marginación.
