Islamabad (AsiaNews) - Decenas de políticos pertenecientes al Pakistan Tehreek-e Insaf (Movimiento de Justicia de Pakistán o PTI) están abandonando el partido mientras el gobierno intenta restablecer el orden en el país tras las violentas protestas que estallaron el 9 de mayo debido al arresto del ex primer ministro Imran Khan.
"He decidido tomarme un descanso de la política”, escribió ayer el vicepresidente Fawad Chaudhry en Twitter. "Por eso he renunciado a mi cargo en el partido y me he separado de Imran Khan”. Pocas horas después, durante una rueda de prensa en la capital Islamabad, Asad Umar, secretario general del PTI, también anunció que abandonaría su cargo aunque seguiría siendo miembro del partido: "A la luz de los acontecimientos del 9 de mayo, me es imposible continuar en la conducción del partido, por lo que renuncio al cargo de secretario general y a mi pertenencia al comité central”. Hizo estas declaraciones poco después de recuperar la libertad tras pasar dos semanas en la cárcel.
El día anterior la ex ministra de Derechos Humanos, Shireen Mazari, quien estuvo detenida varias veces desde el 12 de mayo, también condenó la violencia de los manifestantes y dijo que no seguirá haciendo política: "Las continuas detenciones y el calvario al que ha sido sometida mi hija Imaan también han afectado mi salud. Por eso he decidido abandonar la política activa. Y quiero agregar que de ahora en adelante no formaré parte del PTI ni de ningún otro partido político”. Otros políticos locales también abandonaron el partido y denunciaron los hechos de violencia del 9 de mayo, aunque aseguraron que no habían sido presionados en su decisión.
Con un tuit mordaz y una alusión no demasiado velada, Imran Khan acusó en cambio al Gobierno de estar detrás de las deserciones de los miembros de su partido: "Todos hemos oído hablar de los matrimonios forzados en Pakistán, pero ahora hay un nuevo fenómeno para el PTI, los divorcios forzados". El ex capitán de críquet también cree que el jefe del ejército, el general Asim Munir, ordenó su arresto para tratar de eliminarlo. Desde que el Parlamento le retiró el voto de confianza en abril del año pasado, Imran Khan ha criticado repetidamente a los militares y al gobierno actual, acusándolos de intentar matarlo tras recibir un disparo en la pierna durante una manifestación en noviembre..
En las últimas semanas los partidarios del PTI que exigían la liberación del ex primer ministro también atacaron el cuartel general del ejército y varias oficinas gubernamentales. Islamabad está tomando medidas: algunos departamentos de policía locales, por ejemplo, han enviado los nombres de cientos de afiliados de PTI al gobierno central para que les imponga restricciones de viaje y evitar que abandonen el país, mientras que en Punjab y Khyber Pakhtunkhwa - donde se van a celebrar elecciones para Asambleas Provinciales y el PTI es particularmente popular- se han formado escuadrones para arrestar a activistas y líderes del partido de Imran Khan, quien por su parte enfrenta decenas de cargos relacionados con el período en el que fue primer ministro.
La Corte Suprema de Pakistán, que trata de mantener una apariencia de estado de derecho, ordenó que fuera liberado hace pocos días, aunque el contexto político es cada vez más incierto. Recientemente el Ministro de Defensa, Khawaja Asif, planteó la posibilidad de prohibir el PTI, con el riesgo de agravar aún más el conflicto entre Imran Khan y el estamento militar.
Algunos comentaristas consideran que las elecciones de octubre podrían ser una oportunidad para que el país tenga un nuevo comienzo si el ejército pakistaní acepta hacerse a un lado. Pero al mismo tiempo la crisis actual recuerda épocas que Pakistán ya ha vivido, cuando los generales gobernaron en forma directa durante tres décadas y después se hicieron a un lado, pero siempre siguieron moviendo los hilos de la política entre bastidores.
Mientras tanto, han quedado en segundo plano varios temas que deberían ser centrales en la campaña electoral: la economía al borde del colapso y el riesgo de default de la deuda internacional, el aumento de la inflación al 35% y la devaluación de la rupia, el retorno del terrorismo en algunas zonas del país y la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones del verano pasado, que casi un año después siguen necesitando ayuda.
