Narang Mandi (AsiaNews) – Más de 35 familias cristianas habrían huido de sus hogares en la localidad de Gharyal Kalan, cerca de Narang Mandi, en el distrito de Sheikhupura, provincia de Punjab, después de que una turba incendiara la casa y la farmacia de Kamran Masih, un cristiano de 40 años y padre de tres hijos, acusado de haber compartido contenido blasfemo en las redes sociales.
La agresión ha aumentado el temor de los cristianos de la zona, que comenzaron a abandonar el lugar tras el arresto de Masih, durante la noche del jueves 8 de octubre. Un testigo presencial declaró a Voicepk.net que algunos integrantes de la multitud amenazaron con regresar después de la oración del viernes y atacar a otras familias cristianas.
La policía inició procedimientos penales separados contra Masih y contra quienes están acusados de participar en los actos violentos. Según la información disponible, cinco sospechosos fueron detenidos por su presunta participación en el ataque. La violencia ha vuelto a generar preocupación sobre la vulnerabilidad de las minorías religiosas en Pakistán, donde las acusaciones de blasfemia pueden desencadenar ataques masivos incluso antes de que los tribunales hayan determinado los hechos.
Dos causas penales
Kamran Masih, hijo de Muneer Masih, tenía una pequeña farmacia en Gharyal Kalan. La policía lo arrestó alrededor de las 21:30 del 8 de octubre de 2026 y posteriormente lo trasladó a un lugar seguro. Los vecinos lo acusaron de haber compartido en grupos de WhatsApp un video considerado ofensivo para las creencias religiosas. La policía abrió contra él el FIR (First information report) n.º 1070/26, en virtud de diversas disposiciones del Código Penal de Pakistán y de la Ley de Prevención de Delitos Informáticos. Los cargos todavía no han sido probados ante los tribunales. Masih tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
Al terminar la oración del viernes 9 de octubre, una multitud se habría congregado para atacar su establecimiento, causar destrozos e incendiar la farmacia y todo lo que había en su interior. Posteriormente, la policía registró el FIR n.º 1071/26 por el presunto incendio intencional, daños a la propiedad, concentración ilegal y otros delitos conexos, incluyendo las disposiciones de la Ley Antiterrorista. Cinco sospechosos fueron detenidos por el incendio doloso en el distrito de Sheikhupura.
La apertura de una causa independiente contra los presuntos agresores es significativa, porque una acusación relacionada con un delito religioso no puede justificar la violencia, la destrucción de bienes ni las amenazas contra toda una comunidad. Además, la huida de más de 35 familias cristianas, según las informaciones disponibles, plantea cuestiones urgentes sobre su seguridad, el acceso a una vivienda y las condiciones necesarias para que puedan regresar sin correr peligro.
La intervención de un representante de las minorías
Falbous Christopher, miembro de la Asamblea Provincial de Punjab en representación de las minorías religiosas y presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos de las Minorías, tomó conocimiento de inmediato de lo sucedido. Tras su intervención, el jefe de la policía del distrito, Bilal Zafar Sheikh, encabezó un contingente policial que se desplazó a la localidad para contribuir a controlar la situación. Christopher también se puso en contacto con los líderes de la comunidad local, pidió calma y reclamó medidas severas contra los elementos extremistas.
Su intervención refleja la importancia de que los representantes políticos y las autoridades policiales actúen con rapidez cuando las tensiones religiosas amenazan la seguridad de las comunidades vulnerables. Sin embargo, la respuesta a largo plazo dependerá de una protección efectiva de las familias amenazadas, una investigación imparcial y de que los responsables de posibles actos delictivos rindan cuentas de sus actos. Lo sucedido también exige dar voz a los líderes cristianos y a los defensores de los derechos humanos, en un momento en que Pakistán afronta episodios recurrentes en los que las acusaciones de blasfemia exponen a comunidades enteras al miedo y la intimidación.
La Constitución de Pakistán garantiza la igualdad ante la ley en su artículo 25, la protección de la vida y la libertad en el artículo 9 y la libertad religiosa en el artículo 20. Estas garantías obligan a las autoridades a investigar las acusaciones contra Masih con arreglo a la ley y, al mismo tiempo, a llevar adelante de manera independiente el procedimiento contra quienes están acusados de atacar su propiedad. Ni la indignación pública ni una acusación de carácter religioso pueden sustituir a un proceso judicial.
