Lahore (AsiaNews) - Casi doce años después de uno de los episodios más graves de violencia colectiva por motivos religiosos en Pakistán, el Tribunal Supremo ha absuelto a los tres hombres que aún estaban condenados a muerte por el brutal asesinato de la pareja cristiana formada por Shahzad Masih y su esposa embarazada, Shama Bibi, ocurrido en Kot Radha Kishan, en el distrito de Kasur, en Lahore, en 2014.
La sentencia, dictada estos días por un tribunal compuesto por tres jueces y presidido por el juez Malik Shahzad Ahmad Khan, ha anulado las condenas y las penas de muerte impuestas a Irfan, Mehdi y Riaz. El Tribunal ha considerado que las deficiencias de la acusación y las incongruencias en las pruebas impedían demostrar la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable.
El Tribunal Supremo ha desestimado además el recurso presentado por el Gobierno del Punyab contra una decisión anterior del Tribunal Superior de Lahore, que ya había absuelto a otros 102 acusados implicados en el mismo caso. Con esta última sentencia se han anulado, por tanto, todas las condenas dictadas inicialmente por el doble homicidio, poniendo así fin de hecho a uno de los procesos penales más seguidos de la historia reciente de Pakistán.
El caso se remonta al 4 de noviembre de 2014, cuando Shahzad Masih y su esposa Shama Bibi, entonces embarazada, fueron acusados falsamente de blasfemia mientras trabajaban en un horno de ladrillos en Kot Radha Kishan. Las acusaciones se difundieron rápidamente, lo que desató a una multitud enfurecida que agredió a la pareja.
Según los testigos, Shahzad y Shama fueron golpeados, torturados y, finalmente, quemados vivos en el horno antes de que la policía pudiera intervenir. Su muerte conmocionó a Pakistán y suscitó una amplia condena internacional, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de las minorías religiosas y los riesgos de la violencia colectiva alimentada por las acusaciones de blasfemia.
Tras los hechos, la policía abrió un proceso contra cientos de personas, tanto identificadas como no identificadas. Un tribunal antiterrorista condenó a varios acusados, imponiendo la pena de muerte a cinco hombres y penas de prisión a otros participantes en el atentado. En apelación, el Tribunal Superior de Lahore absolvió a dos de los cinco condenados a muerte, aunque confirmó las condenas de Irfan, Mehdi y Riaz. La reciente decisión del Tribunal Supremo ha anulado también estas últimas condenas, al detectar graves deficiencias en las pruebas de la acusación.
La sentencia ha reavivado el debate sobre el sistema judicial pakistaní y su capacidad para juzgar eficazmente los casos de violencia religiosa y linchamientos. El activista por los derechos humanos Isaac Dominic, de Karachi, ha calificado el asesinato de Shahzad Masih y Shama Bibi como uno de los ejemplos más impactantes de violencia colectiva provocada por acusaciones de blasfemia. «El caso —explica— sigue siendo un doloroso recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia religiosa y de las persistentes dificultades para garantizar la justicia en asuntos tan delicados».
También el abogado cristiano de Lahore Shawaiz Javed, activista por los derechos humanos y defensor de la libertad religiosa, ha expresado su decepción por el veredicto, sosteniendo que este plantea cuestiones más amplias sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial de Pakistán: la incertidumbre de la pena debilita el poder disuasorio de la justicia y contribuye a que se prolonguen los asesinatos, la violencia religiosa y otras formas de brutalidad.
«Esta no es solo la historia de una familia cristiana —declaró Javed—. Es una cuestión sobre el futuro de cada niño que ha quedado huérfano, como Suleman, el hijo de Shama y Shahzad. Es una cuestión de justicia, seguridad y confianza de cada ciudadano en el Estado de derecho en Pakistán». Añadió que, aunque Shama y Shahzad no puedan volver a la vida, la búsqueda de justicia de sus hijos continúa.
La tragedia de Kot Radha Kishan sigue siendo uno de los casos más significativos de violencia colectiva por motivos religiosos en la historia reciente de Pakistán. Aunque la decisión del Tribunal Supremo puso fin al proceso penal contra los acusados, las organizaciones de derechos humanos siguen citando el caso como una dramática advertencia sobre las dificultades a las que se enfrentan las minorías religiosas y sobre la importancia de garantizar investigaciones creíbles, juicios eficaces y la igualdad de protección ante la ley.
