Colombo (AsiaNews) - Un tribunal de Sri Lanka ha condenado a muerte al exjefe de policía Pujith Jayasundara y al exsecretario del Ministerio de Defensa Hemasiri Fernando, declarados culpables de negligencia por no haber impedido los atentados del Domingo de Pascua de 2019, en los que murieron más de 260 personas y cientos resultaron heridas.
La sentencia fue dictada ayer, 31 de julio, por el Tribunal Permanente de Colombo mediante una decisión mayoritaria: dos jueces votaron a favor de la condena, mientras que un tercero se pronunció en contra, abogando por la absolución de ambos acusados. Tras el veredicto, los dos exfuncionarios fueron trasladados a prisión.
Según el Tribunal, Jayasundara y Fernando son responsables de omisión de sus obligaciones y de complicidad en los homicidios por no haber actuado a pesar de haber recibido información de los servicios de inteligencia que advertía del riesgo de atentados.
La mañana de Pascua, el 21 de abril de 2019, una serie de atentados suicidas afectó simultáneamente a tres hoteles de la capital, Colombo, y a tres iglesias —dos católicas y una protestante— en la ciudad oriental de Batticaloa. Entre las víctimas se encontraban también 42 ciudadanos extranjeros. Más de siete años después, muchos de los supervivientes siguen padeciendo graves secuelas físicas y psicológicas.
La Iglesia católica de Sri Lanka siempre ha sostenido que los autores materiales ya identificados no son los verdaderos instigadores de la masacre y sigue exigiendo que se aclare por completo lo que considera un caso de corrupción más amplio.
En declaraciones a AsiaNews, Rupika Rosario, madre de Fathima Asla, la única joven musulmana que perdió la vida en el atentado contra la iglesia católica de San Sebastián en Katuwapitiya, acogió la sentencia con sentimientos encontrados. «Nunca recuperaré a mi hija Asla y ninguna condena podrá devolvernos a nuestros seres queridos», declaró. «Pero creo que este veredicto es justo, porque ellos también deben comprender la profundidad de nuestro dolor».
La mujer añadió que, tras más de siete años, el país está asistiendo por fin a un proceso judicial más creíble, pero reiteró que las responsabilidades no se limitan a los dos exfuncionarios. «Hay muchas otras personas que deberían responder por lo ocurrido. Todavía necesitamos saber quiénes son los verdaderos responsables de esta masacre y cuál era su objetivo al matar a tantas personas inocentes», afirmó.
La pena de muerte sigue estando prevista en Sri Lanka, pero desde 1976 está en vigor una moratoria sobre las ejecuciones. En consecuencia, las condenas a muerte suelen conmutarse por cadena perpetua. Según varios observadores, también el actual presidente, Anura Kumara Dissanayake, tiene la intención de mantener la moratoria vigente.
