Colombo (AsiaNews) – Una veintena de petroleros iraníes se encuentran bloqueados en alta mar entre Sri Lanka y Malasia, y algunos de ellos están agotando peligrosamente sus reservas de alimentos, agua potable y combustible. Así lo ha denunciado estos días el Wall Street Journal, explicando que muchos de ellos estarían ya vacíos e imposibilitados de regresar a los puertos iraníes debido a las sanciones y a las restricciones marítimas más amplias. La dependencia de Sri Lanka del transporte marítimo internacional, de las finanzas basadas en el dólar y de los mercados extranjeros deja a sus puertos y a sus empresas privadas cada vez más expuestos al alcance de las sanciones estadounidenses. Para Sri Lanka, la mayor amenaza podría no ser los buques en sí, sino las sanciones secundarias y los riesgos que conllevan todos los servicios que se les prestan.
En la actualidad, Sri Lanka necesita que sus puertos generen divisas y consoliden a Colombo como un centro marítimo competitivo a nivel regional, ya que un exceso de cautela podría llevar a los buques y a los agentes marítimos a eludir sus puertos y a utilizar instalaciones competidoras en la India o en otros lugares. Según representantes del sector del transporte marítimo de Sri Lanka, los buques que no pueden obtener servicios a nivel local ya estarían recurriendo a la India.
Mientras tanto, las autoridades de Sri Lanka han comenzado a facilitar información sobre los buques sancionados a los proveedores de servicios. El Ministerio de Puertos y Aviación ha reconocido los riesgos de las sanciones secundarias, mientras que los agentes marítimos también han expresado su preocupación por la imposibilidad de prestar servicios rutinarios, como los cambios de tripulación, el avituallamiento y el repostaje de combustible.
Nimalka Hewawitharana y Schin Mendis, expertas en el sector marítimo, han declarado a AsiaNews que «según el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), los Estados ribereños tienen el deber de prestar asistencia a cualquier persona o buque en peligro». Sin embargo, dado que el Gobierno considera que los buques se encuentran fuera de sus aguas territoriales, Sri Lanka no está legalmente obligado a proporcionar comida y agua a los buques iraníes bloqueados, ya que se encuentran en la Zona Económica Exclusiva, pero no dentro de las 12 millas náuticas de las aguas territoriales de Sri Lanka. Además, los buques no se encuentran en una situación de peligro para la vida. Por lo tanto, Sri Lanka no tiene ninguna obligación jurídica vinculante de proporcionarles provisiones».
No obstante, la cuestión plantea una dimensión más amplia de seguridad marítima, ya que los buques iraníes reunidos cerca de Sri Lanka forman parte de la interrupción de la denominada «flota fantasma» iraní. Ya se había informado anteriormente de la presencia de una docena de petroleros iraníes cerca de Galle (en la provincia meridional del país) antes de que se dispersaran en aguas internacionales. Esta situación sitúa a Colombo en el centro de un enfrentamiento geopolítico, a pesar de que Sri Lanka no desempeña ningún papel directo en la disputa entre EE. UU. e Irán. El Gobierno se ve así obligado a hacer frente a tres responsabilidades simultáneas, que incluyen la protección de las empresas esrilanquesas frente a las sanciones, el respeto de los principios humanitarios hacia las tripulaciones y la salvaguarda de la reputación del país como centro marítimo fiable.
Desde el punto de vista de la política exterior, la pregunta es si Sri Lanka podrá mantener una autonomía estratégica real, evitando al mismo tiempo represalias económicas por parte de Washington. «La respuesta —comentan las expertas— dependerá de que Colombo establezca un mecanismo transparente y jurídicamente defendible para gestionar los buques sancionados, en lugar de permitir que funcionarios portuarios, bancos y proveedores a título individual tomen decisiones basadas principalmente en el miedo. El estancamiento de los petroleros ha servido de advertencia: en la economía global actual, la neutralidad geopolítica no garantiza automáticamente la inmunidad económica».
Según los expertos en derecho internacional Sampath Alwis y Prashanthi Dissanayaka, «la CNUDM no establece una obligación general e incondicional para un Estado ribereño, como Sri Lanka, de abastecer o atender a cualquier buque mercante extranjero que solicite provisiones, especialmente si ello entra en conflicto con las leyes nacionales, los intereses de seguridad o el riesgo de sanciones internacionales. No obstante, un Estado puede tener en cuenta una auténtica emergencia de seguridad marítima o humanitaria, que incluya situaciones de peligro para la vida de la tripulación y que requiera consideraciones específicas basadas en los principios de seguridad marítima y humanitaria».
