Colombo (AsiaNews) - La Conferencia Episcopal Católica de Sri Lanka (CBCSL) se ha pronunciado sobre el debate suscitado en el país por la decisión del Gobierno de aumentar en dos años la edad de jubilación obligatoria de los jueces. En un comunicado difundido el 20 de agosto, los obispos piden la retirada de la enmienda aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, que alegaba la necesidad de mantener en activo a jueces con experiencia en un contexto de aumento del número de tribunales y de la prevista puesta en marcha, a nivel regional, de los Tribunales de Apelación.
Según la declaración —firmada por el presidente de la CBCSL, monseñor Harold Anthony Perera, y por el secretario general, monseñor Anton Ranjith—, «una magistratura independiente e imparcial es una garantía esencial de justicia, dignidad humana, derechos fundamentales y bien común de todos los ciudadanos de este país». Para los obispos, cualquier enmienda constitucional destinada a aumentar la edad de jubilación de los jueces debería estar concebida para reforzar aún más la independencia del poder judicial y ir precedida de una consulta pública adecuada y de las partes interesadas.
También la Iglesia Anglicana de Sri Lanka —en una declaración firmada por los obispos Dushantha Rodrigo, de Colombo, y Nishantha Fernando, de Kurunegala —ya había afirmado el 20 de julio que esperaba que el presidente y el Consejo de Ministros escucharan los contundentes argumentos del Colegio de Abogados de Sri Lanka, de la comunidad jurídica en general y de la sociedad civil, que han advertido de que tal medida podría socavar el Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en la independencia del poder judicial.
Según la Iglesia, la justificación del Gobierno, que alega la necesidad de reducir la acumulación de causas pendientes, se ve debilitada por el hecho de que muchas vacantes en los tribunales de apelación siguen sin cubrirse. «Por lo tanto, solo podemos concluir que la verdadera motivación de esta enmienda carece de buena fe», afirma la declaración.
Al destacar sus reivindicaciones de larga data en favor de una reforma constitucional más amplia —que incluye la abolición del sistema presidencialista, el fortalecimiento de las instituciones independientes y la atención a las reivindicaciones de las minorías—, la Iglesia anglicana critica al Gobierno por no haber puesto en marcha las reformas que había prometido. Impulsar una enmienda que no formaba parte de los debates mantenidos durante la campaña electoral «carece de legitimidad moral y de corrección constitucional».
