Colombo (AsiaNews) - Eliminar las restricciones a la libertad de expresión y de movimiento impuesta hace ya un año por el antiguo gobierno de Sri Lanka a Ruki Fernando, escritor católico y activista social. Esto es lo que pidieron ayer al presidente Maithripala Sirisena 102 defensores de los derechos humanos y cuatro organizaciones. "Tales limitaciones a un activista como Ruki - escribieron en un comunicado – no tiene antecedentes en la historia del país".
El 16 de marzo de 2014 Ruki Fernando y el p. Praveen Maneshan, un sacerdote tamil, fueron arrestados “por terrorismo” por intervenir en defensa de Jeyakumari Balendaran, una activista de derechos humanos detenido unos días antes con falsas acusaciones. La mujer fue liberada el 10 de marzo pasado.
Gracias a una gran movilización desencadenada por la Iglesia Católica y diversas asociaciones cristianas, el 19 de marzo de 2015, el sacerdote y activista fueron puesto en libertad. Sin embargo, dos días después, a solicitud del Departamento de lucha contra el terrorismo (TID), un tribunal ha emitido una orden de restricción contra Ruki Fernando.
"Son más de cuatro meses – se lee en la declaración - que los abogados de Ruki presentaron solicitudes verbales y escritas al Departamento de la Fiscalía General para exigir el cierre del caso y la cancelación de la orden. Había una señal de la voluntad de eliminar las restricciones a la libertad de movimiento, pero los funcionarios y el Tid se niegan a cerrar el caso. Esto indica claramente que sigue la mentalidad de anti-derechos humanos y la lucha contra la libertad de prensa de las fuerzas de seguridad"
