Teherán (AsiaNews) - Un cristiano iraní, que huyó a Turquía tras ser condenado a 10 años de prisión junto con otros dos fieles por pertenecer a una iglesia doméstica, ha vuelto a la cárcel después de que las autoridades de Ankara lo deportaran a su país de origen por inmigración ilegal. Según informa Article18, sitio web especializado en documentar los abusos y las restricciones al culto en Irán, Mehran Shamloui, de 37 años, abandonó la República Islámica a principios de año tras la sentencia de más de 40 años de prisión impuesta al trío por actividades religiosas. Sin embargo, el hombre decidió no solicitar el estatuto de refugiado e intentó cruzar la frontera con Europa, pero fue capturado, detenido y repatriado durante el fin de semana en un vuelo a Mashhad, donde fue puesto bajo custodia policial.
Fuentes citadas por el sitio web activista informan de que Mehran decidió no solicitar el estatuto de refugiado en Turquía «después de ver a muchos otros cristianos iraníes pasar años esperando el reasentamiento para luego ver rechazada su solicitud». Una decisión que no le sirvió para escapar de la detención y la posterior medida de repatriación. En estos días, Irán está de luto por las víctimas de la «Guerra de los 12 días» con Israel; sin embargo, en breve está previsto su traslado a una prisión de Teherán, donde deberá cumplir la condena impuesta el pasado mes de marzo.
El hombre de 37 años y los otros dos cristianos, Abbas Soori y Narges Nasri, embarazada en el momento de la sentencia, fueron detenidos en otoño de 2024 durante redadas de agentes de los servicios secretos en sus casas de Teherán, con la confiscación de efectos personales, entre ellos Biblias, cruces e instrumentos musicales. Entre otras cosas, Mehran es músico y el equipo que le confiscaron los agentes de inteligencia tenía un valor aproximado de 5500 dólares.
Los cristianos fueron trasladados al pabellón 209 de la prisión de Evin, bajo el control del Ministerio de Inteligencia, y posteriormente puestos en libertad tras pagar una fianza de más de 20 000 dólares cada uno al término de largos e intensos interrogatorios. El pasado 15 de febrero se celebró la vista en la sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán; a los acusados se les imputaron los delitos de «pertenencia a grupos de oposición», «propaganda contra el sistema» y «actividades de propaganda contrarias a la ley islámica a través de relaciones con el extranjero», en virtud de los artículos 499, 500 y 500 bis del Código Penal.
Narges, que este mes cumple 38 años, recibió la condena más severa: 10 años por «actividades de propaganda contrarias a la ley islámica», cinco por pertenencia a un «grupo de oposición» (casa-iglesia) y un año más por «propaganda contra el Estado». Su culpa es (también) haber publicado en las redes sociales mensajes en apoyo del movimiento «Mujeres, Vida, Libertad» a favor de Mahsa Amini y en contra del velo obligatorio (hijab). Abbas, de 48 años, recibió un total de 15 años de prisión —10 años por «actividades de propaganda» y cinco por pertenecer a un «grupo de oposición»—, mientras que Mehran debe cumplir ocho años por el primer cargo y dos años y ocho meses por el segundo. Los tres han sido condenados a años de privación de derechos sociales, como la salud, el trabajo o la educación. Sus apelaciones fueron rechazadas en abril, «teniendo en cuenta el alcance de sus actividades y sus efectos perjudiciales», pero en ese momento los tres ya habían abandonado el país. El intento de uno de ellos de llegar a Europa a través de Turquía ya ha concluido con su repatriación y encarcelamiento.
El tema de los migrantes y refugiados en Irán es de gran actualidad, no solo para quienes intentan huir de la República Islámica, entre cristianos, perseguidos políticos u otras minorías, sino también para los propios inmigrantes, sobre todo afganos, contra los que Teherán ha iniciado una campaña de deportación. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales informan de que cientos de miles de migrantes afganos han abandonado el país o han sido expulsados. Una huida determinada también por la decisión de Teherán de conceder hasta el 6 de julio a cuatro millones de inmigrantes para abandonar el territorio de la República Islámica y regresar a su país de origen. Irán afirma acoger a más de seis millones de afganos, muchos de los cuales viven sin ningún estatus legal, mientras que los inmigrantes denuncian persecuciones y discriminaciones por parte de los ayatolás.
El conflicto con Israel también ha acelerado las expulsiones, ya que los ciudadanos afganos son acusados, a menudo sin pruebas, al igual que los grupos étnicos o religiosos minoritarios, de ser colaboracionistas o espías a sueldo del Estado judío. No faltan casos de migrantes regulares, provistos de permisos, que han sido detenidos y deportados tras sufrir duros interrogatorios y malos tratos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo el mes pasado que al menos 1,2 millones de afganos han sido repatriados a la fuerza desde Irán y Pakistán, con el riesgo de desestabilizar la ya frágil situación interna de una nación que ha visto el regreso al poder de los talibanes.
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