Milán (AsiaNews) - Un total de más de 250 años de prisión sólo en 2024. Un aumento de alrededor de seis veces respecto al año anterior, lo que confirma un marco represivo que se ha ido intensificando progresivamente en los últimos cinco años contra la minoría. El clima de persecución por motivos religiosos, o al menos de violaciones de la libertad religiosa de los cristianos en curso en la República Islámica, queda confirmado por los datos de un informe (haga clic aquí para leerlo) relanzado por Article18, un sitio web especializado en documentar abusos y limitaciones en el ámbito del culto. El estudio, publicado en los últimos días, ha sido realizado con la colaboración de otras ONG líderes en el tema de la libertad personal, como Open Doors, Christian Solidarity Worldwide (CSW) y Middle East Concern, y dibuja un panorama que es motivo de «profunda alarma».
Intensificación de las condenas
El informe de los grupos activistas confirma que se está produciendo una «clara regresión» de la libertad religiosa en Irán, en consonancia con la creciente represión por parte de las autoridades, vinculada a las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de moralidad. Un hecho que también se puso de manifiesto en los informes de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, que pidió la reclasificación de la República Islámica como «nación especialmente preocupante (Cpc)» por sus «violaciones sistemáticas y atroces».
En el año que acaba de terminar, al menos 96 cristianos, en su mayoría conversos del islam en una nación de amplia mayoría musulmana chií, fueron condenados a un total de 263 años de prisión, frente a los 22 cristianos condenados a un total de 43,5 años en 2023. Según los autores del informe, la razón de este gran aumento está relacionada, en parte, con el «fuerte repunte de las detenciones en el segundo semestre de 2023, que requirieron tratamiento judicial» en los meses siguientes, cuando se dictaron las sentencias condenatorias.
Sin embargo, además de esto, también se produjo un aumento significativo de las condenas individuales a largas penas de prisión, ya que cinco cristianos recibieron condenas de al menos 10 años de cárcel y, en al menos un caso, de hasta 15 años. En todos estos casos documentados en el informe titulado «La punta del iceberg» (para llamar la atención sobre el hecho de que muchos otros casos no se denuncian) hubo cargos relacionados con la fe practicada o las actividades religiosas asociadas al culto.
La punta del iceberg
El alcance de la persecución anticristiana documentada en el informe -y parte de la cual ha salido a la luz- también está relacionado con la filtración de los cajones de los tribunales de más de tres millones de expedientes judiciales por parte de magistrados de Teherán, que abarcan el periodo comprendido entre 2008 y 2023. De ellos, al menos 300 implican directamente a miembros de la minoría religiosa. «El hecho de que estos casos representen sólo la punta del iceberg», explica el estudio, “queda demostrado en primer lugar por el hecho de que sólo se refieren a la región de Teherán”, mientras que las demás zonas del país siguen sin estar cubiertas. Además, porque en relación con ese periodo han surgido otras decenas de casos documentados de persecución confesional en la capital, que se suman a los ya conocidos y «afectan al menos a 96 personas». Por último, las cifras sólo muestran una parte de la política represiva de los ayatolás porque «el 58% de los casos no fueron denunciados» por miedo a nuevas represalias y «no eran conocidos previamente por los autores».
La segunda mitad del informe contiene a continuación un análisis detallado de los expedientes extraídos de los cajones de los jueces de la capital, que incluye 10 puntos clave sobre la represión sistemática de las actividades cristianas en la República Islámica. El análisis incluye una explicación de cómo los creyentes son vilipendiados al ser definidos como miembros de una «secta» y considerados una «amenaza» para la seguridad; cómo se criminaliza la promoción del cristianismo; cómo a menudo se interroga a los cristianos sobre sus creencias o su culto, sólo para obligarlos a retractarse; cómo la Biblia se considera contrabando o puede equipararse a la prueba de un delito; por último, de las acusaciones sistemáticas que se hacen contra los cristianos por actividades ordinarias y prácticas religiosas cotidianas, como entonar cánticos de adoración en los cultos
«Los documentos abarcan una amplia gama de procedimientos judiciales, desde casos penales en los que están implicados ciudadanos corrientes hasta los expedientes de presos políticos o religiosos, y arrojan luz sobre los rincones más oscuros del sistema judicial de la República Islámica.» Este material, subraya el informe de los movimientos activistas, ofrece a «investigadores, expertos y miembros del público elementos de reflexión sobre la mentalidad, los procesos de toma de decisiones y los procedimientos operativos del aparato judicial y de seguridad iraní», en un clima de creciente oscurantismo.
En el punto de mira de los servicios
En la actualidad, hay unos 300.000 cristianos (de todas las confesiones) en Irán, de un total de casi 86 millones de habitantes. Los armenios, asirios y caldeos representan las agrupaciones religiosas más tradicionales de Irán y constituyen más del 90% de la población cristiana iraní. No llevan a cabo ninguna actividad misionera e incluso la práctica del culto es a veces difícil. Otras tendencias observadas el año pasado son la confiscación de bienes y el control de sus finanzas, mientras que los miembros de las distintas comunidades -católicos, protestantes, etc.- que son detenidos y sus abogados son sometidos a interrogatorios cada vez más duros. El objetivo de las autoridades penitenciarias y de los servicios de inteligencia y seguridad es extraer información sobre fondos extranjeros fantasmas o el apoyo de algún organismo o institución extranjera. "En el segundo semestre de 2024, los cristianos, acusa el estudio, fueron objeto de ataques en al menos cinco ciudades diferentes en el plazo de dos meses".
Cada detención fue llevada a cabo por agentes del servicio de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Pasdaran, Irgc), con acusaciones pretextuales impuestas según una disposición contenida en una enmienda al artículo 500 del Código Penal Islámico. En ella se prevé una pena máxima de hasta 10 años de prisión en caso de que el sospechoso haya recibido «ayuda financiera u organizativa del exterior del país». «El gobierno iraní», afirman los expertos que han redactado el informe, “parece haber intensificado sus esfuerzos para aislar y debilitar financieramente a la comunidad cristiana como parte de una estrategia más amplia para suprimir su crecimiento e influencia”. Hacer donaciones económicas, ofrendas caritativas o pagar diezmos para apoyar las actividades de la Iglesia», concluyen, “son prácticas habituales de los cristianos en todo el mundo, pero tales actividades han sido penalizadas por los tribunales revolucionarios de Irán”.
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