Milán (AsiaNews) - Una auténtica montaña de oro. Para ser exactos, 375 kg. Se trata del botín incautado por las autoridades iraquíes en el marco de una de las investigaciones anticorrupción más amplias de los últimos años, un caso en el que está implicado el exviceministro de Petróleo para Asuntos de Refinería, Adnan al-Jumaili, detenido en los últimos meses acusado de haber gestionado un complejo sistema de sobornos, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
Según ha informado la justicia iraquí, 358 kg del metal precioso se hallaron gracias a una operación llevada a cabo en colaboración con las autoridades de la Región Autónoma del Kurdistán, mientras que otros 17 kg fueron incautados durante una operación de investigación independiente. La cantidad total ha sido transferida al Banco Central de Irak, donde permanecerá custodiada en el marco del proceso judicial.
El hallazgo no es más que el último capítulo de una investigación que sigue revelando dimensiones cada vez más impresionantes. En los días anteriores, los investigadores habían recuperado unos 14.000 millones de dinares iraquíes —más de 10 millones de dólares— ocultos en el interior de un canal de desagüe de aguas pluviales. Según el portavoz del Gobierno, los bienes incautados hasta ahora solo en el expediente relativo a al-Jumaili superan los 127.000 millones de dinares, a los que se suman decenas de millones de dólares, inmuebles, coches de lujo y joyas.
Las imágenes difundidas por las autoridades (y que han tenido gran repercusión en los medios de comunicación y la televisión árabes) muestran decenas de lingotes de oro cuidadosamente apilados. Una representación «plástica», más elocuente que mil palabras, de la riqueza sustraída al Estado en un país que, a pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo del planeta, sigue lidiando con infraestructuras deficientes, cortes de electricidad, desempleo juvenil y servicios públicos a menudo inadecuados.
La Operación Dawn
La corrupción lleva décadas siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Irak. Tras la caída del régimen de Sadam Husein en 2003, el nuevo sistema político, construido en torno al reparto del poder entre chiítas, sunitas y kurdos, ha favorecido progresivamente el surgimiento de amplias redes clientelistas. Los ministerios, las empresas públicas y las administraciones locales se han convertido en terreno de reparto entre partidos y grupos políticos, que a menudo han utilizado los cargos públicos para consolidar su apoyo mediante contrataciones, licitaciones y distribución de recursos. El sector petrolero, del que proceden casi la totalidad de los ingresos estatales, ha sido siempre —literalmente— la «gallina de los huevos de oro», el centro de enormes intereses económicos. El control de los contratos de refinado, transporte y suministro representa una formidable palanca de poder, capaz de generar beneficios multimillonarios.
La investigación contra al-Jumaili se enmarca en la campaña denominada «Operación Dawn», puesta en marcha por el nuevo Gobierno del primer ministro Ali al-Zaidi (en el cargo desde el pasado mes de mayo) con el objetivo declarado de recuperar los capitales sustraídos de las arcas públicas y perseguir a los funcionarios acusados de corrupción. Según las autoridades, en las últimas semanas se ha detenido a numerosos dirigentes públicos y altos cargos. A algunos parlamentarios se les ha levantado la inmunidad para permitir que la justicia inicie procedimientos penales contra ellos, mientras que la Comisión de Integridad (la autoridad independiente del Estado iraquí encargada de prevenir, investigar y combatir la corrupción en la administración pública) está trabajando en la extradición de cientos de sospechosos que se han refugiado en el extranjero y en la recuperación de los patrimonios transferidos fuera del país. El Gobierno sostiene que quiere actuar sin distinción de afiliación política, insistiendo en que la ley debe aplicarse por igual a todos los funcionarios implicados.
El contexto político
La campaña contra la corrupción, sin embargo, se desarrolla en un contexto político extremadamente complejo. Irak sigue marcado por profundas rivalidades entre las principales fuerzas chiítas, por las delicadas relaciones con la Región del Kurdistán y por las tensiones entre las distintas milicias que ejercen una influencia significativa sobre la seguridad y la economía nacional. La lucha contra la corrupción representa, por lo tanto, no solo una cuestión judicial, sino también un instrumento de competencia política. Cada detención de alto nivel altera los equilibrios entre facciones rivales, alimentando inevitablemente la sospecha de que algunas investigaciones puedan utilizarse (si no crearse ad hoc) también para debilitar a los adversarios internos. Se trata de una dinámica que acompaña desde hace años a la vida pública iraquí y que dificulta distinguir claramente la actuación de la magistratura de las estrategias de las distintas coaliciones de poder.
Paralelamente, Bagdad se encuentra inmersa en el difícil equilibrio entre las influencias de Irán y Estados Unidos, al tiempo que intenta preservar una frágil estabilidad interna. Las tensiones regionales y el papel de las Fuerzas de Movilización Popular (en árabe, al-Hashd al-Shaabi, un conjunto de milicias iraquíes, en su mayoría chiítas, creadas en 2014 para combatir al Estado Islámico, pero que ahora se han convertido en uno de los actores más influyentes de la política y la seguridad iraquíes) siguen afectando a la estructura del Estado y a la capacidad del Gobierno central para ejercer plenamente su autoridad.
En los últimos años, millones de iraquíes han salido a la calle para exigir mejores servicios, empleo y, sobre todo, el fin de la corrupción sistémica. Las protestas, que se intensificaron especialmente en 2019, han denunciado un modelo de gobierno percibido como incapaz de transformar las inmensas riquezas petroleras del país en bienestar generalizado. Por este motivo, la recuperación de los lingotes de oro tiene un fuerte valor simbólico. Por un lado, demuestra la capacidad del Estado para localizar patrimonios ocultos y perseguir las riquezas acumuladas ilegalmente; por otro, pone de manifiesto la magnitud del fenómeno de la corrupción, que sigue sustrayendo recursos a una población que aún se enfrenta a problemas estructurales.
Ahora queda por ver si esta operación será solo una «golondrina que no hace primavera», destinada a agotarse una vez concluida la fase más mediática de las investigaciones, o si representa el inicio de una verdadera temporada de reformas. En un país donde el petróleo sigue generando enormes flujos financieros y donde los equilibrios políticos siguen siendo extremadamente frágiles, el verdadero reto será transformar estas incautaciones de alto nivel en un fortalecimiento del Estado de derecho.
