Ciudad de Kuwait (AsiaNews) - Las autoridades ejecutaron ayer a siete personas condenadas por asesinato y otros delitos graves, aplicando la pena de muerte por primera vez desde 201/. La decisión desató las críticas de grupos activistas de derechos humanos y la advertencia de represalias de las cancillerías internacionales. Una de las primeras voces críticas fue la de la Unión Europea: Bruselas convocó al embajador del país del Golfo ante la UE y le advirtió que bloquearía los trámites para la concesión de la exención de la visa de ingreso a sus ciudadanos.
El comisario de la UE, Margaritis Schinás, afirmó que habrá "consecuencias" por las ejecuciones tras años de moratoria y ante las "garantías" de que no se aplicaría la pena capital, como remarcó el funcionario. Las condenas a muerte, en efecto, se ejecutaron durante la visita de la delegación europea a Kuwait. "Concretaremos todas las consecuencias -dijo Schinas en un comunicado- que esta decisión tendrá sobre las conversaciones [...] para poner a Kuwait en la lista de países que no requieren visado". En este sentido, se espera que el Parlamento Europeo vote hoy una propuesta de la Comisión para incluir a Kuwait en la lista de “visa-free”. En caso de luz verde, los ciudadanos del Golfo podrán entrar sin necesidad de visado Schengen (actualmente obligatorio) para un mínimo de unos días y un máximo de tres meses.
Las condenas a muerte se llevaron a cabo en la prisión central, aunque las modalidades no están claras. Las personas ejecutadas son tres hombres y una mujer de nacionalidad kuwaití, un hombre de nacionalidad siria, un pakistaní y una mujer etíope. Una de las causas que llevaron a las ejecuciones es el homicidio premeditado; para las autoridades, la pena de muerte debe constituir un "disuasivo" para situaciones similares en el futuro. “Al actuar de esta forma han privado a las víctimas -declaró la fiscalía en un comunicado- de uno de los derechos más sagrados, que es el derecho a la vida”.
La última ejecución masiva fue en 2017, cuando Kuwait ejecutó a siete prisioneros, entre ellos un miembro de la familia real gobernante, los Al-Sabah. Antes de eso, se habían llevado a cabo otras ejecuciones en 2013. La vicedirectora regional de Amnesty International para Oriente Medio y el Norte de África, Amna Guellali, renovó su llamamiento a las autoridades pidiendo una "moratoria inmediata de las ejecuciones". Y añadió que “la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y un castigo cruel, inhumano y degradante”.
