Yakarta (AsiaNews) - Ocho importantes organizaciones eclesiásticas cristianas de Indonesia han instado al Gobierno de Yakarta a poner fin a la prolongada crisis humanitaria en la región de Papúa, dando prioridad al diálogo, a la justicia y al respeto de la dignidad humana, en lugar de a una ampliación de la presencia militar. El llamamiento se ha formulado en una declaración conjunta difundida ayer con el título: «Poner fin a la crisis humanitaria en Papúa: defender la dignidad humana, el diálogo y la justicia, no la militarización».
La declaración ha sido firmada por la Conferencia Episcopal de Indonesia (KWI), la Comunión de Iglesias de Indonesia (PGI), la Fraternidad de Iglesias Pentecostales de Indonesia (PGPI), la Fraternidad de Iglesias e Instituciones Evangélicas de Indonesia (PGLII), la Fraternidad Bautista de Indonesia (PBI), el Ejército de Salvación de Indonesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Indonesia y la Iglesia Ortodoxa de Indonesia.
Al presentar el texto, el presidente de la PGI, el reverendo Jacklevyn Fritz Manuputty, declaró que los repetidos actos de violencia en Intan Jaya y en otras zonas afectadas por el conflicto demuestran que la crisis humanitaria de Papúa ya no es un caso aislado, sino un problema estructural que persiste sin una solución digna. «Instamos a todas las partes armadas, tanto a las fuerzas de seguridad estatales como a los grupos armados no estatales, a que cesen toda forma de violencia y antepongan la seguridad de la población civil a cualquier otro interés», afirmó.
La crisis humanitaria se agrava
Los líderes de las Iglesias han expresado su profunda preocupación por el conflicto armado que se prolonga desde hace décadas en Papúa y que sigue cobrándose víctimas entre los indígenas papúes, los civiles no papúes, el personal de las fuerzas de seguridad y otras personas afectadas por la violencia. «La crisis humanitaria en Papúa ya no es un problema puntual, sino una crisis estructural que sigue repitiéndose sin una solución digna», afirma la declaración.
Las Iglesias han señalado que las mujeres, los niños, las comunidades indígenas, los profesionales sanitarios, los docentes, los agricultores y los desplazados internos siguen siendo los más vulnerables a las consecuencias del conflicto, y que muchas familias desplazadas siguen sin tener un acceso adecuado a la alimentación, la asistencia sanitaria, la educación, la protección y los servicios pastorales.
Uno de los casos destacados fue la muerte de la señora Markina Sondegau, una mujer embarazada alcanzada por una bala durante un tiroteo en el distrito de Sugapa, en la regencia de Intan Jaya, el pasado 2 de julio. Anteriormente, Okto Tigau, un agricultor local, había sido hallado muerto tras haber sido presuntamente agredido durante una operación militar destinada a buscar a miembros del Movimiento por una Papúa Libre (OPM).
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 59 personas perdieron la vida en el conflicto armado en toda Papúa durante los primeros seis meses de 2026. De ellas, 43 eran civiles, mientras que ocho eran miembros de las fuerzas de seguridad indonesias (TNI-Polri) y otras ocho pertenecían al Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental - Movimiento por una Papúa Libre (TPNPB-OPM).
La presidenta de la Comisión, Anis Hidayah, ha declarado que las muertes de Okto Tigau y Markina Sondegau constituyen violaciones de los derechos humanos relacionadas con el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, el derecho a un juicio justo y el derecho a la seguridad personal. Instó al presidente Prabowo Subianto a revisar las políticas de seguridad y las operaciones militares en Papúa, así como a garantizar investigaciones transparentes sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos.
Según la PGI, el conflicto ha obligado a desplazarse a unas 107.000 personas, mientras que Human Rights Monitor estima que la cifra asciende a 124.931. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha informado de que, solo en Intan Jaya, unos 3.000 residentes se vieron obligados a desplazarse entre mayo y julio de 2026.
Del enfoque militarizado al diálogo
Los líderes de las Iglesias han instado al Gobierno a llevar a cabo una revisión exhaustiva de su política de seguridad en Papúa, argumentando que un enfoque predominantemente militarizado no ha logrado traer una paz justa y duradera. Por el contrario, el continuo despliegue de unidades militares no orgánicas, la construcción de nuevas instalaciones de defensa y la intensificación de las operaciones de seguridad han contribuido al desplazamiento de la población, al trauma, al miedo y a un ciclo persistente de violencia.
«El bienestar de la población no debería medirse por la creciente presencia de las fuerzas de seguridad, sino por las mejoras en la educación, la asistencia sanitaria, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, el respeto de las tierras consuetudinarias, la igualdad de oportunidades económicas y la posibilidad de que los civiles vivan sin miedo», afirma la declaración.
Las Iglesias han reiterado su histórico llamamiento a un diálogo inclusivo y sincero en el que participen todas las partes interesadas para abordar el conflicto de larga data en Papúa. Han afirmado que el diálogo no debe considerarse un signo de debilidad del Estado, sino una expresión de madurez democrática y una herramienta para reconstruir la confianza, reconocer el sufrimiento y buscar soluciones pacíficas que respeten la dignidad de cada persona.
La declaración invitó además al presidente Prabowo Subianto a situar la protección de la vida humana en el centro de todas las políticas gubernamentales relativas a Papúa.
Protección humanitaria
Los líderes de las Iglesias instan además al Gobierno a dar mayor prioridad a las necesidades de los desplazados internos, en particular las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores, que se han visto gravemente afectados por el conflicto. Solicitan garantías para poder llevar a cabo sus ministerios humanitarios y pastorales libremente y sin estigmatizaciones.
Según la declaración, la labor humanitaria que realizan las Iglesias no debe considerarse un apoyo a ningún grupo político o separatista, sino parte de un compromiso común para restablecer la dignidad humana y la confianza, y promover una paz justa y duradera.
La declaración concluye con un llamamiento a las Iglesias de toda Indonesia para que sigan rezando por Papúa, al tiempo que refuerzan la asistencia humanitaria a través de la atención pastoral, la superación de los traumas, la educación para la paz, las iniciativas de reconciliación, los servicios sanitarios y el fortalecimiento de las comunidades.
El reverendo Manuputty también afirmó que los líderes eclesiásticos han enviado en repetidas ocasiones cartas para solicitar un diálogo con el presidente Prabowo, pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna. «No dejaremos de hacer oír nuestra voz y esperamos que, al final, se nos dé la oportunidad de entablar un diálogo abierto», declaró.
En respuesta al llamamiento, el ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, afirmó que apoya los esfuerzos por alcanzar una paz duradera en Papúa y que espera que el conflicto armado no provoque más víctimas. Además, sugirió que las solicitudes de diálogo se presenten a través de la Secretaría de Estado.
