Yakarta (AsiaNews) - La condena a diez años de prisión impuesta a un exministro está complicando aún más la situación del Gobierno indonesio, liderado por el presidente Prabowo Subianto, que ya se enfrenta a la polémica por las recientes reformas económicas y a las protestas por la creciente implicación del ejército en actividades civiles.
La sentencia por corrupción contra el exministro de Educación, Nadiem Makarim, una de las figuras más populares de Indonesia en los últimos años, corre el riesgo de avivar aún más el debate sobre la transparencia de las instituciones. El Tribunal Anticorrupción de Yakarta ha declarado a Makarim culpable en la investigación relativa a la adquisición de ordenadores portátiles Chromebook y de las licencias de Chrome Device Management durante su mandato como ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología.
Además de la pena de prisión, los jueces le han impuesto una multa de mil millones de rupias indonesias (unos 53.000 euros) y han ordenado la devolución al Estado de 809 000 millones de rupias (más de 43 millones de euros). Si no abona la totalidad de la suma, se le podrán confiscar sus bienes y, en caso de que estos no sean suficientes, cumplirá otros cinco años de prisión.
Para el tribunal, el delito se cometió «de forma planificada, estructurada y sistemática», provocó pérdidas para las arcas públicas y contradijo el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Los jueces subrayaron además que la sólida situación económica del acusado excluía cualquier justificación de carácter financiero. Sin embargo, la decisión no fue unánime: uno de los magistrados expresó una opinión disidente, sosteniendo que Makarim debería haber sido absuelto.
No obstante, la pena es considerablemente inferior a la solicitada por la acusación, que había pedido dieciocho años de prisión y una restitución total de unos 5.600 mil millones de rupias.
El caso ha generado un amplio debate entre la opinión pública indonesia. Makarim, de 42 años, no es, de hecho, un político tradicional. Fundador de Gojek, una plataforma digital que ha revolucionado el sector del transporte y los servicios en el país, se había incorporado al Gobierno del expresidente Joko Widodo con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica y la modernización del sistema educativo. Su imagen de empresario de éxito, con un título universitario obtenido en Harvard y ya con una buena situación económica antes de entrar en política, había hecho que a muchos indonesios les resultara impensable creer que estuviera implicado en un caso de corrupción.
Las nuevas reformas económicas
Sin embargo, la sentencia llega en un momento en el que el presidente Prabowo está tratando de llevar a cabo una profunda transformación del aparato estatal. En los últimos días, el presidente ha confirmado su intención de reducir drásticamente el número de empresas públicas, pasando de las más de mil sociedades que existen actualmente a unas 250 en los próximos dos años. Según el Gobierno, más de la mitad de las empresas controladas por el Estado operan con pérdidas, acumulando un déficit de unos 20.000 mil millones de rupias.
El objetivo es eliminar duplicidades e ineficiencias, según ha señalado el Gobierno, lo que generará un ahorro estimado de unos 50.000 mil millones de rupias al año. El fondo soberano Danantara, encargado de coordinar la reforma, ha asegurado que el plan no supondrá despidos: todos los empleados serán reubicados en las nuevas sociedades surgidas de la fusión de las empresas existentes. El Gobierno ha citado la creación del Bank Mandiri —fundado en 1998 a partir de la fusión de cuatro bancos estatales tras la crisis financiera asiática— como modelo de éxito.
Sin embargo, Danantara está asumiendo competencias cada vez más amplias sin haber demostrado aún que cuente con mecanismos adecuados de control y transparencia. El fondo aún no ha publicado sus balances y varios economistas temen que la creciente concentración de poder económico en manos del Estado pueda llevar al país de vuelta a modelos de gestión que recuerdan la época del «Nuevo Orden» de Suharto, cuando la estrecha mezcla entre política, aparato militar y economía contribuyó a crear una situación de crisis agravada por la crisis financiera asiática de 1997-98.
De hecho, estas reformas forman parte de una estrategia económica más amplia de Prabowo: en los últimos meses, el presidente también ha decidido centralizar las exportaciones de carbón, aceite de palma y otras materias primas a través de una empresa estatal, una decisión que ha generado incertidumbre entre los inversores y las empresas.
El descontento ante las injerencias del ejército
Al mismo tiempo, crece el descontento por el recurso cada vez mayor a las fuerzas armadas en la gestión de iniciativas civiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y numerosas organizaciones han pedido la suspensión inmediata del adiestramiento militar obligatorio impuesto a los futuros responsables del programa de cooperativas rurales, uno de los muchos proyectos propuestos por Prabowo, pero que (al igual que la iniciativa de las comidas gratuitas en los comedores escolares) está resultando un fracaso rotundo.
En los primeros diez días del curso fallecieron cinco participantes. El Ministerio de Defensa atribuyó las muertes a diversas patologías preexistentes y anunció una revisión de los procedimientos sanitarios, aunque confirmó que el programa seguirá adelante.
Sin embargo, para la Comisión Indonesia de Derechos Humanos, la formación de los responsables de las cooperativas debería centrarse en competencias de gestión, administrativas y financieras, y no en el adiestramiento militar. También la Coalición de la Sociedad Civil para la Reforma del Sector de la Seguridad, una coalición de diversos grupos humanitarios, ha denunciado lo que considera una creciente militarización de las políticas públicas.
