Rangún (AsiaNews) – En una declaración pública, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer a la comunidad internacional que no repita los mismos "errores mortales del pasado, como en Siria" e instó a una acción concertada para detener a la Junta militar birmana, que lleva adelante una "campaña de represión y asesinato de su propio pueblo".
Bachelet dijo que teme que el país se dirija "hacia un conflicto a gran escala". Los temores aumentan por las crecientes provocaciones del ejército hacia los grupos armados étnicos y sus respuestas, que empujan al país hacia una guerra civil.
Varios países occidentales, junto con Corea del Sur y Japón, han condenado la violencia de la Junta militar birmana, dictaron sanciones selectivas y suspendieron los contratos orientados al desarrollo del país. Para Bachelet, "las declaraciones de condena y las sanciones selectivas, limitadas, no son suficientes". En un velado llamamiento a China y a los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), añadió: "Los Estados influyentes deben ejercer urgentemente una presión concertada sobre los militares de Myanmar para impedir que prosiga la serie de graves violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes contra la humanidad".
Mientras tanto, debido a la violencia, el país es testigo de la huida de muchos empresarios extranjeros. La huelga de desobediencia civil de casi todos los sectores de la sociedad está empujando la economía - prácticamente en manos de la Junta - al borde del colapso.
Según recientes estimados del Banco Mundial, la economía de Myanmar se contraerá un 10% este año. La agencia Fitch Solutions afirmó que el país corre el riesgo de convertirse en un "país en quiebra". Según Fitch, "el Tatmadaw [el ejército birmano] está perdiendo cada vez más el control del país"; la gran mayoría de la población apoya a Aung San Suu Kyi y al gobierno civil depuesto.
