Manila (AsiaNews/CBCP)- El gobierno de la provincia de Cotabato amenazó con llevar al tribunal al obispo metodista de Kidapawan, acusado de esconder en su iglesia a algunos agricultores escapados de los enfrentamientos del pasado 1 de abril. Una carta firmada por la gobernadora Emmylou “Lala” J. Talino-Mendoza y hecha llegar al prelado dice: “Su decisión de dar refugio a estos manifestantes ilegales es punible por la ley”. El obispo, Ciriaco Francisco de la Iglesia metodista unida no realizó comentarios.
La violencia estalló el pasado 1 de abril después de días de protesta y manifestaciones promovidas por unos seis mil campesinos. Esto en su mayoría pertenecientes a la etnia lumad, pedían al gobierno un intervención más decidida contra la sequía provocada por El Niño, que los está llevando al hambre y acusaban a las autoridades de haber usado los fondos destinados a la cultivación directa. Como respuesta se emplearon diversos repartos de la policía en divisas anti disturbios: el resultado total de la violencia es de dos víctimas fatales y decenas de heridos.
La Conferencia episcopal de Filipinas y los Redentoristas de Manila han condenado abiertamente estos hechos, definiéndolos como “criminales”. A ellos se unen hoy las Misioneras rurales de Filipinas, que en un comunicado acusan al gobierno Aquino de este modo: “Consideramos que el ejecutivo es el responsable de este terrible acto. Los campesinos, azotados por la sequía y empujados por la desesperación, piden ayuda. En cambio son pagados con la violencia”.
