Manila (AsiaNews) - La aprobación de una nueva ley que debería proteger los derechos de los marineros filipinos (casi 400.000 trabajadores empleados en buques de todo el mundo) resultó controvertida. La llamada "Carta Magna" fue aprobada por la Cámara de Representantes el 6 de marzo, después de años de presión por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y después de que se le enviara un ultimátum al presidente Ferdinand Marcos Jr. para que garantizara una mayor protección social y salvaguardias legales a los marineros, que desempeñan un importante papel económico y social para Filipinas.
La legislación prevé un fondo de garantía por el que, en caso de enfermedad grave o fallecimiento, lo que se deba a la víctima o a la familia no se reconocerá automáticamente, sino que se depositará en un fondo a la espera de que finalice una investigación y un posible procedimiento judicial hasta la apelación y (si es necesario) la decisión final de la Corte Suprema. La decisión de esta última suele tardar entre 10 y 12 años en llegar.
Algunos plantearon la sospecha de inconstitucionalidad, ya que otros trabajadores filipinos no están sometidos a este trámite y pueden recibir una compensación monetaria inmediata. Por el contrario, hay quienes señalan el riesgo de especulación sobre casos de invalidez o fallecimiento que no siempre son fáciles de verificar, sobre todo fuera del país o en buques en alta mar, con una gruesa lista de casos muchas veces inflada por empleadores o abogados.
Situaciones que serían contrarias a la propia Carta Magna, que garantiza "plena protección" a los marineros antes, durante y después del empleo, especialmente en caso de accidentes en el mar, epidemias o pandemias, y otras crisis naturales o provocadas por el hombre. La legislación reconoce también el papel de "héroes desconocidos" a los filipinos empleados en los buques y, además de enumerar los deberes y responsabilidades de la gente de mar, compromete a los propietarios de los buques y a las compañías que los operan a garantizar un lugar de trabajo libre de riesgos que cumpla las normas de seguridad. En particular, ofrece a los trabajadores condiciones de empleo justas, condiciones de trabajo y de vida adecuadas en los barcos, atención médica, oportunidades de perfeccionamiento profesional, acceso a la comunicación e información sobre sus familias y asistencia jurídica gratuita.
