Varsovia (AsiaNews) - Según la sesión plenaria sobre libertades fundamentales de la Conferencia de Varsovia sobre la aplicación de la dimensión humana de la OSCE, celebrada en octubre de 2026, las libertades civiles en Asia Central siguen sometidas a una fuerte presión. Aunque el alcance y la naturaleza de la represión varían en los cinco países, los acontecimientos del último año apuntan a un patrón creciente de tendencias regionales preocupantes.
En toda la región, el activismo cívico legítimo suele considerarse una amenaza para la seguridad nacional, la estabilidad y la cohesión social, mientras que las críticas al Gobierno se tachan de «falsas» y «difamatorias». Las organizaciones independientes de la sociedad civil, en particular aquellas que reciben financiación extranjera, están sometidas a un mayor control, estigmatización y acoso. La libertad de reunión pacífica sigue estando gravemente limitada y existe una impunidad generalizada por las graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con la represión de las protestas masivas. Los defensores de los derechos humanos, los activistas, los periodistas, los blogueros y otros ciudadanos críticos son objeto, cada vez más, de persecuciones, entre las que se incluyen procesos penales, detenciones y encarcelamientos.
La represión está adoptando nuevas formas, extendiéndose cada vez más al ámbito digital y más allá de las fronteras nacionales. Las organizaciones independientes de la sociedad civil en Asia Central operan en un contexto cada vez más difícil: aunque los marcos jurídicos y normativos y las condiciones operativas varían significativamente entre los cinco países, los retos comunes incluyen obstáculos para el registro, un control excesivo, restricciones y retórica hostil, en particular hacia las organizaciones que reciben financiación extranjera, presiones crecientes sobre los grupos que abordan la no discriminación, los derechos de las minorías y otras cuestiones delicadas, así como la reducción de las oportunidades de financiación, lo que socava la capacidad de las asociaciones para llevar a cabo sus actividades.
En Kirguistán, la restrictiva ley sobre «representantes extranjeros» aprobada en 2024 sigue teniendo un efecto disuasorio significativo sobre la sociedad civil. Ha dado lugar a una autocensura generalizada entre las organizaciones, en particular las que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, a pesar de que solo unas pocas se hayan registrado oficialmente como «representantes extranjeros». En agosto de 2026, el presidente Sadyr Žaparov abogó por castigos severos para los supuestos «enemigos del pueblo», acusándolos de actuar bajo la influencia de fuerzas extranjeras, de recibir financiación de estas y de intentar desestabilizar el país.
En Kazajistán, las autoridades han alegado supuestas preocupaciones en materia de transparencia y seguridad para endurecer los requisitos de rendición de cuentas de las organizaciones que reciben financiación extranjera para determinadas actividades fundamentales, a partir de enero de 2026. El registro público se ha ampliado para incluir no solo los nombres de dichas organizaciones, sino también las fuentes y los importes de la financiación extranjera que reciben. En Uzbekistán, las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentándose a onerosas restricciones en el acceso a la financiación extranjera, entre ellas la obligación de obtener la autorización previa de las autoridades judiciales para cualquier importe superior al equivalente a unos 3.700 dólares. En Tayikistán, las organizaciones están sujetas a un control excesivo y a obligaciones de rendición de cuentas, incluso en lo que respecta a la financiación extranjera, en un contexto en el que la retórica oficial suele presentar a los representantes de la sociedad civil como amenazas potenciales, en lugar de como participantes legítimos en la vida pública. En julio de 2026, el presidente Emomali Rakhmon solicitó un mayor refuerzo del control y la transparencia financiera de las asociaciones.
En Turkmenistán, la legislación nacional otorga a las autoridades amplios poderes de control sobre las asociaciones públicas, incluidos los proyectos financiados desde el extranjero. El sector está dominado por organizaciones estatales y respaldadas por el Estado, y el contexto estrictamente controlado limita significativamente el margen de maniobra de las asociaciones registradas, impidiéndoles analizar o criticar las políticas estatales. Además de una legislación restrictiva, prácticas arbitrarias y una retórica hostil, las organizaciones de la sociedad civil de Asia Central, incluidas aquellas en el exilio por motivos de seguridad, han sufrido una reducción significativa de la financiación internacional, mientras que la financiación nacional sigue siendo extremadamente limitada. En consecuencia, un número cada vez mayor de organizaciones tiene dificultades para mantener sus actividades principales y prestar asistencia a los colectivos. La libertad de reunión pacífica está gravemente limitada en toda Asia Central, y las autoridades suelen considerar las reuniones pacíficas principalmente como una amenaza para el orden público, más que como el ejercicio de un derecho fundamental.
