Colombo (AsiaNews) - La Autoridad Nacional de Protección de la Infancia (NCPA) presentó un nuevo Código Nacional con el objetivo de reforzar la protección de los niños en Sri Lanka y reducir al mínimo las distintas formas de abuso. Sin embargo, pese a las buenas intenciones y al valor de la iniciativa, todavía quedan aspectos cruciales que deben definirse y fortalecerse, señala a AsiaNews la Hna. Deepa Fernando HF, educadora y activista por la justicia social. "Para que esta iniciativa sea significativa -explica la religiosa-, la NCPA debería establecer mecanismos claros de aplicación, entre ellos la designación de responsables de protección infantil en todas las escuelas y un seguimiento periódico de su labor".
En la presentación del Código ante la prensa, que se organizó la semana pasada para dar a conocer las nuevas directrices y sensibilizar a la opinión pública, la directora de la NCPA, Shanika Malalgoda, comentó: "Cada año, la Autoridad recibe cerca de 10.000 denuncias relacionadas con abusos contra menores". La funcionaria explicó que la necesidad de estas directrices se planteó "debido al creciente número de problemas que amenazan la seguridad de los niños, como el abuso sexual, el maltrato, las amenazas en el ciberespacio, los embarazos adolescentes y el consumo de drogas".
"En algunos casos las personas cometen errores por falta de conciencia sobre estos problemas -continuó Shanika Malalgoda-. Sin embargo, estas conductas acaban poniendo en peligro la seguridad de los niños. Por lo tanto, es fundamental garantizar que cada ciudadano asuma su responsabilidad, y ese es uno de los objetivos fundamentales de estas directrices".
Por su parte, Charuka Damunupola, ingeniero sénior de seguridad informática del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas, afirmó que se ha registrado un aumento significativo de las denuncias de abusos en línea que involucran a menores. El experto reveló que en 2025 se denunciaron 53 incidentes de extrema gravedad relacionados con niños en el ámbito de los medios digitales, mientras que en noviembre de 2026 la cifra ya había ascendido a 180.
Damunupola también señaló que la exposición en las redes sociales y el uso de contenidos relacionados con menores para generar ingresos mediante las funciones de monetización han contribuido al aumento de los riesgos. En este complejo entramado que relaciona a los menores con internet, también hay padres que comparten imágenes y otros contenidos sobre sus hijos sin ser plenamente conscientes de las posibles consecuencias.
"Se trata de incidentes extremadamente graves -observó el experto-, que involucran a menores en el entorno de internet y de los medios digitales. Hemos detectado una relación directa entre la exposición en las redes sociales y el hecho de que los menores se conviertan en víctimas de este tipo de delitos". "También hemos observado -añadió- un aumento reciente de estos episodios, que coincide con la introducción y expansión de las funciones de monetización en las plataformas de redes sociales. Como resultado, los contenidos de los niños se utilizan cada vez más para generar ingresos, a veces por iniciativa de sus propios padres. Esto -concluyó Damunupola- puede tener un impacto significativo en los niños, muchas veces sin que sus padres adviertan el daño potencial".
Al comentar la nueva medida adoptada por la NCPA, la Hna. Deepa Fernando HF, educadora y activista por la justicia y los derechos sociales, advirtió: "Para que esta iniciativa sea efectiva, la NCPA debería establecer mecanismos claros de aplicación, con responsables de protección infantil designados en todas las escuelas y un seguimiento periódico de su labor". Además, siguió diciendo, "los docentes, los padres y las instituciones religiosas deberían recibir capacitación obligatoria y periódica para identificar, prevenir y responder a los abusos contra menores".
"Es necesario prestar especial atención -advierte la religiosa- a las comunidades rurales, donde la conciencia sobre estos problemas y el acceso a los servicios de protección pueden ser limitados. También se debería informar a los niños sobre sus derechos y garantizarles mecanismos de denuncia confidenciales y adaptados a su edad".
Pero, sobre todo, concluye, la NCPA "debería introducir un sistema transparente de rendición de cuentas, con informes públicos periódicos sobre los avances, las dificultades y las medidas adoptadas".



















