Taskent (AsiaNews) - Uzbekistán ha aprobado un programa de privatización a gran escala, poniendo a la venta activos estatales por un valor de más de 8.000 millones de dólares: se pondrán a la venta acciones y participaciones estatales en cientos de empresas —desde bazares hasta empresas industriales, pasando por bancos y una compañía aérea—. Las autoridades afirman que el objetivo principal no es simplemente la venta a bajo precio de activos, sino atraer inversiones para la modernización y el desarrollo a largo plazo. Expertos independientes recuerdan las lecciones del pasado reciente y subrayan los riesgos de corrupción y nepotismo.
El Estado tiene la intención de desinvertir en 84 grandes empresas y entidades económicas; Taskent ha anunciado que se subastarán 1.242 inmuebles y unos 8.000 hectáreas de terreno destinados a proyectos de desarrollo urbano y comercial. La lista de activos estatales destinados a la privatización incluye también entidades bancarias: Turonbank era el mayor activo financiero de la lista, con el 98,9 % de sus acciones destinadas a subasta pública, y también está prevista la privatización de Uzpromstroibank y Asakabank. Las autoridades han anunciado planes para reducir el número de bancos estatales de aquí a 2030, manteniendo unos cuatro en lugar de nueve, y para disminuir la participación estatal en los activos bancarios.
Además, Uzbekistán tiene previsto privatizar por completo la compañía de seguros Xalq Sugurta en un futuro próximo; el Estado posee el 100 % de su capital. Se sacarán a subasta el 100 % de la compañía aérea Humo Air, el 91,83 % de Uzexpocentr y el 79,27 % del International Business Center. En el sector del transporte, se pondrán a la venta el 90 % de la planta de construcción y reparación de vagones de pasajeros de Taskent y el 100 % de la planta mecánica de Andijan, ambas pertenecientes al sistema ferroviario uzbeko. Por último, decenas de mercados, incluidos los de gran tamaño, se sacarán a subasta pública: la lista incluye inmuebles muy conocidos de la capital, como el mercado de automóviles de Sergeli y los bazares de Yangiabad, Čilanzar, Urikzor, Abu Sahiy, Aviasozlar, Navruz, Kadyševa, Korakamyš y Farkhad. También se incluyen el centro comercial Parkent Universal, el centro comercial Bek Tupi y la empresa Beškurgan Savdo.
El Fondo Monetario Internacional ha recomendado a Tashkent que acelere el proceso de privatización. Según el informe del FMI, alrededor del 84 % de las empresas estatales de Uzbekistán operan en sectores competitivos en los que resulta más difícil justificar la presencia del Estado. Entre ellos se encuentran los bazares, la agricultura, los servicios, el turismo y la industria farmacéutica, por lo que se recomienda a las autoridades del país que transfieran las actividades no estratégicas a manos privadas para reducir la carga sobre el presupuesto. La actual campaña de privatización no es la primera en el país: Tashkent emprendió una venta masiva de importantes activos estatales estratégicos con la llegada al poder de Shavkat Mirziyoyev, quien asumió la presidencia hace diez años tras la muerte de Islam Karimov, quien gobernó con mano de hierro durante más de un cuarto de siglo y se mostraba receloso ante los inversores extranjeros y ante la propia idea de la desnacionalización.
Los comerciantes de los mercados de Tashkent, entrevistados por Azattyk Asia, afirman con cautela que su situación depende por completo de los propietarios de los bazares. Un cambio de propiedad podría obligarles a revisar unas condiciones que ya consideran poco envidiables, en las que deben compartir los beneficios con la administración del mercado y cubrir de su propio bolsillo los gastos en caso de emergencia. Un empresario que trabaja en el mercado de Beškurgan Savdo afirma haber pagado 500 dólares por cada puesto y haber obtenido el derecho a comerciar, pero tras un incendio ocurrido en abril de este año, los costes de la restauración de los puestos se han cargado a los empresarios. Estos costes se han sumado a los impuestos, los gastos de transporte y los intereses de los préstamos. Las autoridades afirman que quieren mejorar el clima de inversión y atraer capital a gran escala, pero estos procesos suelen ir acompañados aún de escándalos relacionados con presiones coercitivas o normativas sobre las empresas extranjeras.
