Bangkok (AsiaNews) – El gobierno de Bangkok estaría organizando la expulsión de 43 chinos de etnia uigur que se encuentran en el país desde hace diez años, los últimos de un grupo de 300 que ya fueron en parte repatriados y en parte acogidos en otro país. Las autoridades tailandesas obligaron el 8 de enero a los uigures a firmar la aceptación de la expulsión. La decisión probablemente está relacionada con el inminente cambio de guardia en Washington y un menor riesgo de recibir presiones o sanciones, pero también con el próximo 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino tailandés y Beijing.
Angkhana Neelapaijit - activista y ex jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que denunció lo que estaba ocurriendo y pidió aclaraciones al primer ministro Paetongtarn Shinawatra - considera que la medida expondría a represalias a estas personas pertenecientes a la etnia musulmana, que en otros tiempos era mayoritaria en la provincia occidental de Xinjiang y actualmente es objeto de una fuerte represión (con denuncias que llegan incluso a la extracción de órganos para trasplantes). A su vez - a través de las organizaciones humanitarias que siguen su situación en el centro de detención de Suan Phlu, en Bangkok - los uigures han lanzado un llamamiento para que se les permita expatriarse a terceros países o ser reconocidos como solicitantes de asilo.
La influencia china aprovecha las necesidades de Tailandia, que enfrenta crecientes dificultades económicas en un contexto de inestabilidad política, y deja en una situación precaria los que se refugian en el país para escapar de persecuciones o guerras.
Una década atrás los uigures que huían de la represión llegaban a Tailandia como país de tránsito hacia Turquía, con la que comparten religión y rasgos culturales y lingüísticos. De los 350 uigures detenidos en marzo de 2014 antes de que pudieran cruzar la frontera hacia la Malasia musulmana, cerca de 170 – en su mayoría mujeres y niños – fueron embarcados en vuelos a Turquía 16 meses después. Otros 109 fueron expulsados a la República Popular China y se les perdió el rastro. De los que permanecieron en Tailandia y fueron puestos bajo custodia de los servicios de inmigración, una docena lograron escapar, cinco fueron sentenciados a prisión por intentar escapar en 2020 y cinco murieron bajo custodia, entre ellos dos menores.
La suerte de los otros 43 ha estado marcada hasta ahora por condiciones que rayan el límite de lo tolerable, sin contacto con sus familias ni con sus abogados y separados de los demás detenidos. A los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tampoco se les ha permitido tener cualquier tipo de contacto con ellos. Tales condiciones son posibles porque el "País de las Sonrisas" no adhiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y porque la ley considera que este tipo de solicitantes de asilo constituyen una amenaza a la seguridad nacional y, por lo tanto, no pueden ser incluidos en el National Screening Mechanism, que abre la posibilidad de residir en Tailandia bajo ciertas restricciones a la espera de ser reubicado.
Foto: Flick/langkawi
