Milán (AsiaNews/Agencias)- Detenido en Laos y deportado a una cárcel de la República Popular China. Las advertencias de los organismos internacionales fueron en vano: el abogado chino de derechos humanos Lu Siwei se encuentra en el centro de detención de Xindu, en Sichuan. Así lo hizo saber su esposa Zhang Chunxiao, exiliada en Estados Unidos, quien el pasado mes de julio dio la noticia de la detención de su marido en Laos, cuando también intentaba salir de China.
Zhang Chunxiao dijo a Radio Free Asia que la familia de Lu Siwei en China recibió una llamada telefónica del centro de detención pidiendo que le enviaran ropa, medicamentos y dinero. Lu Siwei sufre una grave enfermedad de la piel y lleva más de dos meses sin medicamentos. En la llamada no se especificó cuánto tiempo hace que está en China ni por qué cargos se encuentra detenido. El mes pasado la embajada china en Laos envió una comunicación al Ministerio de Seguridad Pública de Laos indicando que su detención estaba justificada porque había cruzado ilegalmente la frontera. Sobre esta base, Beijing pidió a las autoridades laosianas que fuera deportado "lo antes posible".
Lu Siwei defendió a los abogados arrestados en el "caso 709" y a los arrestados en el "caso del licor del 4 de junio" en Chengdu. En 2021 el departamento judicial de Sichuan revocó su licencia de abogado porque había representado a 12 personas de Hong Kong, lo que se consideró una "amenaza a la seguridad nacional". Ya había sido víctima de intimidación y acoso cuando se dirigía a la audiencia de inhabilitación. Desde mayo de 2021 también tenía prohibido salir del país. Había llegado a Laos vía Vietnam y cuando lo detuvieron estaba subiendo un tren con destino a Tailandia, desde donde supuestamente intentaba reunirse con su familia en Estados Unidos.
Un grupo de altos funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU intervino en el caso de Lu Siwei en agosto para recordar al gobierno de Laos que "según el derecho internacional, el principio de 'non refoulement' garantiza que nadie debe ser repatriado a un país donde podría ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otras formas de violencia”. Si Liu Siwei fuera devuelto a China - decían en el documento - constituiría una violación del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, de la que Laos es país signatario.
Debido a sus vínculos cada vez más estrechos con Beijing, el gobierno de Vientiane evidentemente ha decidido ignorar la advertencia. Y - a la sombra de los negocios de la Belt and Road Initiative - en todo el Sudeste Asiático crece ahora la preocupación entre los disidentes chinos, que ya no se sienten seguros ni siquiera fuera de las fronteras de la República Popular China. El caso de Li Siwei, por ejemplo, también era seguido con atención por Chen Siming, otro activista chino que se encuentra desde hace dos semanas en el aeropuerto de Taiwán, donde presentó una solicitud de asilo político. Él también siguió el mismo camino, huyendo a Laos y luego a Tailandia para escapar de una amenaza de internación en un hospital psiquiátrico porque había conmemorado a las víctimas de Tiananmen.
Todo esto sucede en vísperas de la asamblea del 10 de octubre, cuando la República Popular China buscará (y con toda probabilidad obtendrá) la reelección para otro mandato de tres años en el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU que supuestamente debe supervisar estas violaciones.
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