Pekín (AsiaNews) - Encarcelada con tan solo 14 años, tras pasar largos años entre rejas, falleció hace unos días a los 23 años en una prisión del condado de Peyzivat (Jiashi en chino), en la prefectura de Kashgar, dentro de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China. La noticia de la muerte de Rahile Omer, una mujer uigur originaria de Konasheher, en Kashgar, que fue encarcelada en 2017 cuando aún era poco más que una niña, ha sido confirmada y difundida estos días por la web activista Radio Free Asia (RFA), que cita a funcionarios locales que han hablado bajo anonimato. La historia de la joven sigue envuelta en el misterio y varios sitios web activistas uigures —minoría musulmana perseguida por el Gobierno de Pekín— han iniciado investigaciones independientes para recabar más información sobre su desaparición.
La noticia de la muerte de Omer salió a la luz el 25 de octubre de 2026, cuando la cuenta de X en chino @luoxiangf la difundió, citando informes en línea publicados el día anterior. La publicación afirmaba además que la joven había fallecido a causa de una grave depresión y que sus dos padres habían muerto en prisión, aunque no hay verificaciones independientes de estas informaciones.
La cuenta difundió información atribuida a investigadores, en la que se describía cómo la policía china había clasificado y vigilado a Omer en el pasado tras la detención de su familia. Al parecer, sus padres fueron detenidos el 3 de julio de 2017. Según los registros de vigilancia de las fuerzas del orden, Omer había sido clasificada como persona de «Clase 12», categoría que identifica a individuos vinculados a investigaciones policiales en curso y considerados potenciales elementos de interés para la seguridad. Una fotografía, fechada el 20 de marzo de 2018, mostraría a Omer en un centro de formación profesional del condado de Konasheher (Shufu). Según el informe, los documentos de los investigadores disponibles en aquel momento no contienen ninguna prueba de que hubiera cometido un delito.
Posteriormente, los expertos uigures de RFA se pusieron en contacto con comisarías y oficinas judiciales de la región para esclarecer el asunto. Un agente de etnia han, destinado en la comisaría del municipio de Langgar, confirmó que Omer había fallecido aproximadamente un mes antes, aunque sin especificar el lugar ni las causas de la muerte. Otra persona, que respondió a otra llamada telefónica, estimó que la muerte se había producido unos dos meses antes.
Un funcionario judicial de Toqquzaq proporcionó más detalles sobre su detención: Omer permaneció recluida en el centro de formación de Opal, en Konasheher, desde 2017 hasta 2019, para luego ser trasladada al centro de detención de Toqquzaq, donde permaneció hasta 2021. En octubre de ese año, las autoridades la condenaron a 12 años de prisión y la trasladaron a una cárcel del condado de Peyzivat. Otro agente de policía atribuyó el fallecimiento a una afección cardíaca, sin aportar, no obstante, documentación médica ni más aclaraciones sobre las circunstancias de la muerte.
Los documentos de la policía de Konasheher, filtrados y publicados en 2022, aportan pruebas documentales adicionales de la detención de Omer. Adrian Zenz, investigador especializado en las políticas del Gobierno chino en Xinjiang y en el análisis de documentos gubernamentales, examinó los denominados «Xinjiang Police Files». Su investigación permitió identificar a Omer en el material sustraído, incluida una fotografía tomada en 2018 en la comisaría de la Aldea 4, en el bazar de Toqquzaq. Al parecer, Omer fue detenida en septiembre de 2017, tras la detención de su padre, un funcionario del Gobierno. Según RFA, fue detenida por «reunión ilegal con el fin de perturbar el orden social», una acusación de contornos vagos que a menudo se dirige contra los uigures.
Un funcionario del sistema judicial describió a Omer como una persona «no reeducada» tras dos años del denominado «itinerario de formación». El funcionario también hizo referencia a prácticas religiosas, entre ellas oraciones en el dormitorio, sin aportar, no obstante, detalles sobre las pruebas utilizadas en su contra ni sobre el proceso judicial que condujo a su condena a 12 años de prisión, mientras que las autoridades de Pekín no han hecho comentarios al respecto.
Mamtimin Ala, presidente del Gobierno en el exilio de Turquestán Oriental (ETGE), organización política fundada en 2004 como órgano representativo de la región de Xinjiang y de sus pueblos (uigures, kazajos, kirguisos, uzbekos, tártaros y mongoles), se ha pronunciado sobre el caso. Ha expresado su preocupación por lo que define como la muerte de la «joven detenida uigur conocida en los campos de concentración chinos». Al describirla como un rostro inocente entre los millones de uigures que, según se afirma, habrían sido detenidos, habrían desaparecido o habrían fallecido en los campos de concentración chinos, ha afirmado que su historia refleja el «sufrimiento» de todo el pueblo. «Su rostro narra, de forma silenciosa y solemne, la verdad indecible de este crimen: un genocidio y un crimen —concluye Ala— contra la humanidad».
La semana pasada, AsiaNews denunció el caso de cinco migrantes uigures en Tailandia que corren el riesgo de ser repatriados forzosamente a China, algunos de los cuales se encuentran recluidos en un centro de detención, mientras Pekín exige su retorno. En respuesta, grupos activistas y asociaciones de derechos humanos —además de la oposición interna— lanzan un llamamiento al Gobierno de Bangkok para que impida su retorno debido al grave riesgo de persecución. Formaban parte de un grupo de más de 300 uigures que llegaron al país en 2014 tras largos y arriesgados viajes, para escapar de las persecuciones de las autoridades chinas en la provincia occidental de Xinjiang, tierra de origen de esta minoría musulmana.
